La Fiscalía “no se va a referir a ningún pronunciamiento o documento de carácter político y parcializado, mucho menos de documentos que no llevan siquiera la firma o rúbrica de sus autores anónimos”, manifestó el secretario general de la Fiscalía, Edwin Quispe, al ser consultado en una rueda de prensa sobre la manifestación de la OEA este lunes pasado.
Quispe, en una comparecencia ante los medios en Sucre, capital del país y sede del Poder Judicial boliviano, mencionó que la Fiscalía tiene por “cerrado y resuelto este tema” y que no entrará en debate “con nadie”.
Lea más: Partido de Evo valora informe que afirma que no hubo fraude
Este lunes pasado, el organismo hemisférico ratificó las conclusiones de la auditoría efectuada en 2019 sobre los comicios anulados de ese año señalándolos como “vergüenza hemisférica”, en los que hubo una “manipulación flagrante”, con “profundas deficiencias” y que constituyen una “grave afrenta” la democracia.
La OEA en su comunicado señaló que aquellas elecciones fueron “las peores” y pidió que se honren los acuerdos que establecían un resultado vinculante del informe.
Al respecto, Quispe mencionó que el informe del proceso electoral de la OEA “viene a ser un indicio más dentro del proceso” y que “no es vinculante” a pesar del acuerdo bilateral entre el organismo y el Estado boliviano en ese momento.
El secretario general de la Fiscalía mencionó que, por su lado, la pericia encargada en abril de este año al Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite de la Fundación General de la Universidad de Salamanca de España se hizo “con honestidad y libre de presiones” y que ese ente de investigación duda de “cualquier otro documento o pronunciamiento”.
A fines de julio, la Fiscalía presentó el resultado del estudio encargado en España que determinó que “no hubo manipulación” de los datos de las elecciones de 2019 con los que Evo Morales obtenía el derecho a un cuarto periodo consecutivo.
Ante aquello, la Fiscalía dispuso el cierre del caso llamado “fraude electoral” y el sobreseimiento de los principales acusados aún cuando en un inicio fue el Fiscal General, Juan Lanchipa, el que anunció órdenes de aprehensión contra los responsables de las irregularidades tras saberse del resultado de esa auditoría el 10 de noviembre de 2019.
La Cancillería, que también se pronunció este pasado lunes, acusó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, de violentar los acuerdos “haciendo declaraciones unilaterales”, “expidiendo un informe preliminar” y “habiendo forzado gravemente la verdad para producir un quiebre constitucional” en 2019.
