La comitiva encabezada por las fiscalas Sandra Ledesma y Sofía Galeano allanó una vivienda en la que se encontraron más documentos que sirven en la investigación por la venta de cargos en el IPS. Asimismo, se retiraron equipos informáticos que deben ser analizados, informó Galeano en radio Monumental 1080 AM.
Al lugar ingresaron con ayuda de bomberos voluntarios que controlaron al perro de la raza pitbull que custodiaba la casa.
Se trata de la vivienda de Patricia Ginard, quien cuenta con orden de captura y no fue encontrada en el sitio.
Asimismo, se allanó la “Fundación Stella Maris de la Armada Paraguaya”, que estaría vinculada a la rosca. Además, una mujer que tenía orden de detención se puso a disposición del Ministerio Público.
En la página de Facebook, la organización refiere que trabaja en carácter social, cultural y de beneficencia en apoyo a la Armada Paraguaya. Está conformada por esposas de los uniformados.
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Los elementos encontrados se estarán analizando este fin de semana. La fiscala no dio más detalles del procedimiento realizado entre la noche de este jueves y madrugada de este viernes.
Así también se confirmó que la funcionaria del IPS, Yolanda Balbuena, con orden de detención, se presentó voluntariamente en la comisaría de Zeballos Cué.
Hasta el momento hay 13 personas imputadas por la venta de cargos que funcionaba de forma similar al esquema Ponzi. Quienes deseaban acceder al plantel pagaban entre G. 2.500.000 y G. 24 millones.
Algunas personas creían que ya formaban parte del plantel porque les hacían firmar contratos y hasta les tomaban las huellas en los relojes biométricos, bajo la promesa de percibir sus salarios en tres o cuatro meses. Prestaban servicios “home office”, pero en realidad nunca fueron incluidas en la nómina de funcionarios, según la investigadora.
En los procedimientos se incautaron cinco relojes biométricos, algunos con capacidad de 1.000 personas y otros de 500.
“No tenemos todavía específicamente la cantidad de personas que tiene cada reloj biométrico, pero teniendo en cuenta eso tenemos un aproximado de 3.000 personas”, detalló.
Aunque cree que la cifra podría ser superior porque “ya no cabían” personas en los relojes.
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Asimismo, refirió que la Fiscalía aguarda que más víctimas se presenten a colaborar con el caso.
“Mucha gente no se anima. Tenemos gente que nos hace llegar que tiene miedo y por eso no se acercan y estamos esperando que llegue más gente y nos cuente. También nosotros vamos buscando nuestros elementos de prueba”, comentó.
Las averiguaciones se extendieron a la Entidad Binacional Yacyretá, así como a los ministerios de Educación y de Agricultura, donde también se enviaron oficios para que colaboren con datos.
