La Fiscalía abrió una causa penal contra el cartista Hernán Rivas por presunta producción de documento público falso y designó a dos agentes fiscales para investigar la denuncia presentada por legisladores de la oposición. Nuevamente la fiscala Patricia Sánchez, quien imputó hace dos años al legislador, está al frente de la investigación.
La medida quedó formalizada mediante la Resolución Nº 1295, firmada el 20 de abril de 2026 por el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández. En el documento se ordena iniciar la investigación a partir de la denuncia presentada el 15 de abril por los senadores Celeste Amarilla, Rafael Filizzola e Ignacio Iramain, con patrocinio de los abogados Guillermo Duarte Cacavelos y Juan Pablo Mendoza.
De acuerdo con la resolución, los hechos denunciados “podrían resultar punibles”, por lo que se considera pertinente la apertura de una causa penal para esclarecerlos. El Ministerio Público señala que, en el marco de sus funciones, impulsará la investigación reuniendo elementos de convicción, preparando una eventual acusación y participando en el proceso correspondiente.
Asimismo, fueron designadas para llevar adelante la investigación las agentes fiscales Patricia Sánchez Saldívar, de la Unidad Penal N° 5 de Asunción, y Luz Guerrero de Martínez, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción N° 2.
Patricia Sánchez tuvo a su cargo la primera investigación y generó imputación contra el legislador por producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso. Tras el polémico sobreseimiento de la causa por prescripción, dictado por el Tribunal de Apelación, la fiscala denunció que fue amenazada para no continuar con la causa. Recién el viernes de la semana pasada se reveló que el autor de la amenaza fue el mismo senador Rivas, quien solicitó permiso para dejar su banca a un suplente por tiempo indefinido.
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La resolución también dispone la remisión de los antecedentes del caso a las fiscalas asignadas. Con esta decisión, el Ministerio Público da inicio formal a un proceso que podría derivar en otra imputación del legislador.
Cabe señalar que la denuncia presentada por los legisladores de la oposición argumenta que el uso del documento durante su etapa como senador, en julio de 2023, para integrar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, corresponde a un hecho distinto, lo que impide la prescripción.
