El libelo acusatorio contempla siete puntos que abordan el esquema de descuentos a funcionarios a cambio de contratos y nombramientos. Pretende demostrar que se cometió uso indebido de influencias para defender el pedido de pérdida de investidura de Zenaida Delgado.
El pedido formal de pérdida de investidura de la senadora tránsfuga firmaron los senadores opositores Yolanda Paredes (CN), Lucía Mendoza (CN) Rubén Velázquez (Yo Creo), José Oviedo (Yo Creo), Ignacio Iramain (independiente), Esperanza Martínez (Participación Ciudadana) y Eduardo Nakayama (PLRA), mientras que el único oficialista que también firmó el documento fue Óscar Salomón.
En total ocho legisladores se hicieron cargo del pedido, aunque con una sola firma, ya puede presentarse la propuesta.
De acuerdo con el libelo acusatorio elaborado por Paredes contra la ex Cruzada Nacional Zenaida Delgado las pruebas demuestran que hubo utilización de la investidura parlamentaria para obtener ventajas económicas particulares, lo que argumentaría la comisión del uso indebido de influencias como causa de pérdida de investidura según establece el artículo 201 de la Constitución Nacional.
El documento se basa en la investigación de Radio Monumental 1080 AM que reveló el presunto esquema liderado por la colorada para la instauración de un mecanismos periódico de cobro a funcionarios de entre G. 1.350.000 y G. 2.500.000 mensuales. Como segundo punto contempla la creación o utilización de cargos con bonificaciones, por ejemplo “director de Asuntos Entrados” para alimentar el mecanismo de cobro, así también afirma que hubo condicionamiento de los nombramientos permanentes al pago de sumas millonarias, que oscilan entre G. 20 y G. 150 millones, aunque una de las afectadas mencionó que solo pudo abonar G. 15 millones.
Otro de los puntos sensibles es la utilización de préstamos del Banco Nacional de Fomento y la Caja Parlamentaria. Como quinto punto sostiene que hubo solicitudes reiteradas de dinero y utilización de mensajes como mecanismo de presión para que los funcionarios cumplan con los pagos, en tanto que el siguiente punto habla de las represalias que consistían en desvinculaciones.
Como último punto pone el relieve la utilización de terceras personas para amenazar a los funcionarios que no cumplían con las exigencias.
El documento además rescata una serie de antecedentes como la primera denuncia de peaje salarial realizada ya en setiembre de 2025 en Mesa Directiva. A esto se suma el incendio de un vehículo del Congreso en San Pedro que evidenciaba que utilizaba vehículos estatales para viajar con su pareja, así como la adjudicación irregular de departamentos a su hermano Venancio y a su sobrino Alejandro Delgado, este último funcionario de su despacho. Otro hecho cuestionable es que su ex pareja fue ubicada en Itaipú, donde llegó a cobrar hasta G. 8 millones mensuales como asesor.
LIBELO ACUSATORIO
Cobro. Instauración de un mecanismo periódico de cobro a funcionarios del despacho.
Cargos. Creación de cargos con bonificaciones para alimentar el mecanismo de cobro.
Nombramientos. Pagos de hasta G. 150 millones.
Créditos. Uso de Caja Parlamentaria y BNF.
Presión. Exigía pagos a través de mensajes.
Represalias. Había amenazas de desvinculación.
Otras personas. Usaba a terceras personas para exigir pago de dinero.
