En la ocasión, los agentes explicaron que no pueden investigar la evasión de impuestos en la que incurrieron las empresas que compraron facturas falsas y las presentaron ante el fisco debido a que la ley misma establece una prejudicialidad administrativa en estos casos.
Esto significa que la evasión debe ser primero dirimida en el ámbito administrativo antes de que el Ministerio Público pueda iniciar una persecución penal.
“Hay cuestiones en las que podemos avanzar, mientras que en otras no, por dicha cuestión legal. Son más de 200 empresas investigadas, por lo que estamos analizando la participación de cada una de ellas, e iremos avanzando como corresponde”, explicó el fiscal adjunto Federico Espinoza. De la reunión también participaron los fiscales José Dos Santos, Aldo Cantero y René Fernández.
PROCESO. El juez Humberto Otazú admitió la imputación contra ocho personas por el hecho punible de asociación criminal. Así también el magistrado fijó fecha para la audiencia de imposición de medidas para los procesados desde el 30 de octubre al 10 de noviembre. Asimismo, el magistrado explicó que está analizando qué medidas va a dictar.