Se trata de siete personas que negaron ante la Policía haber entregado dinero o contribuido con bienes a Fuerza Popular para su campaña electoral de 2011, aun cuando sus nombres figuran entre los 87 financistas consignados por la formación política en su declaración a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
La ingresos declarados por Fuerza Popular en 2011 alcanzaron 17,4 millones de soles (unos 5,3 millones de dólares), la mayoría de ellos gracias a aportes individuales entregados en efectivo.
Entre las personas que supuestamente negaron a la Policía haber entregado dinero hay jóvenes que no ejercen una actividad económica reconocida, según el informe policial enviado a la fiscal María del Pilar Peralta, titular de vigésimo sexta Fiscalía Provincial de Lima, a cargo de las investigaciones.
Keiko Fujimori, hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), es también objeto de una investigación preliminar de la fiscal Sara Vidal, de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Lavado de Activos, por un delito de blanqueo de dinero en la campaña de 2011.
En esa investigación también está inmerso el excongresista Joaquín Ramírez, uno de los principales financiadores de Keiko, según la resolución de la fiscal publicada el 21 de febrero en el diario Correo.
El motivo de la apertura de diligencias contra Fujimori es la sospecha de que ella entregó a Ramírez 15 millones de dólares para que los blanqueara a través de su cadena de estaciones de combustibles y así utilizarlos para financiar la campaña de las elecciones presidenciales de 2011.
Esa información fue revelada antes de los comicios presidenciales de 2016 en el programa Cuarto Poder por un piloto peruano identificado como Jesús F. Vásquez, residente en Estados Unidos, quien afirmó que había grabado unas conversaciones con Ramírez en las que el empresario presumía de lavar el dinero de Fujimori.
