Javier Núñez Ferreira
Coronel Oviedo
La Fiscalía de la ciudad de Coronel Oviedo podría quedar sin un local en los próximos días, debido a que el fiscal Osvaldo García imputaría a Carmelo Echeverría Gómez, dueño del edificio alquilado por el Ministerio Público, donde están actualmente las oficinas de la institución.
Los cargos serían como consecuencia del mal estado en las instalaciones eléctricas del edificio. Sin embargo, la Fiscalía tampoco abona el alquiler correspondiente desde hace tres meses y el dueño iniciaría también un juicio por desalojo.
El fiscal García abrió una pesquisa por supuestos delitos de “producción de riesgos comunes y exposición de personas a determinados lugares peligrosos de trabajo”, como consecuencia de una denuncia, aunque no se dio a conocer la identidad del denunciante.
El principal problema radica en los constantes cortes de energía eléctrica que se registran en las diferentes oficinas, que podrían causar cortocircuitos y posteriores incendios que podrían colocar en peligro la vida de los funcionarios que trabajan en el local, alega la denuncia.
La causa de tales cortes, según los expertos, sería la instalación de numerosos aparatos de aire acondicionado que producen sobrecargas y el recalentamiento en las instalaciones eléctricas.
ATRASADOS. Según algunos abogados, resulta llamativo que uno de los inquilinos del Ministerio Público –el fiscal Osvaldo García– inicie un proceso en contra del dueño del local alquilado por la institución, más aún considerando que la Fiscalía se encuentra atrasada en el pago del alquiler por tres meses.
Además, el contrato firmado por el propietario y el Ministerio Público feneció hace cuatro meses. El documento aún no fue renovado.
Echeverría Gómez, dueño del edificio, habría mencionado que iniciaría una demanda por desalojo a los funcionarios, quienes se encuentran preocupados por tal situación.
Con estos antecedentes, nadie más querrá alquilar a los representantes del Ministerio Público.
Delitos investigados
El hecho punible de producción de riesgos comunes se refiere principalmente a casos que ponen en peligro a varias personas, tales como incendios, explosión, fuga de gases, lanzamientos de venenos, entre otros. Sin embargo, la conducta culposa (sin intención) también es penada con 3 años de cárcel o multa.
La exposición de personas a lugares de trabajo peligrosos se refiere al dueño del establecimiento que no evita que las instalaciones sean peligrosas para sus empleados. Tiene varias penas, según la gravedad, entre 5 y 3 años, o multa.