La empresa fue multada y cambió su nombre a SST Security, resalta un informe de Telefuturo. Desde el año 2010, la firma cobró al Estado paraguayo la suma de G. 315.000 millones (USD 58 millones), como se puede notar en el archivo de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Los entes que contrataron los servicios de seguridad privada fueron el Instituto de Previsión Social (IPS), la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, la Presidencia de la República, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), la Caja de Jubilaciones, la Municipalidad de Asunción, la ex Setama, la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y Contrataciones Públicas.
Luis Godoy, director jurídico de la DNCP, explicó a Telefuturo que una empresa sancionada no puede presentarse en un proceso licitatorio. Añadió que según la ley de presupuesto, la entidad que contrate los servicios de una firma irregular debería rescindir el contrato.
