Una millonaria adjudicación del Estado fue otorgada a una firma que forma parte de la familia del presidente Santiago Peña, que además le construyó su mansión, por la que todavía tiene una deuda pendiente.
Ni la Ley 7236/2024 de Conflicto de Intereses que el mismo Peña adaptó a su favor cuando asumió la presidencia le impidió beneficiar a esta empresa. Se trata de la constructora Gómez Abente SA, que ganó la licitación para la construcción de la nueva sede de la Academia Militar Mariscal Francisco Solano López (Academil) por G. 164.359.205.001, adjudicada en diciembre del 2025.
La ley establece en su artículo 20, sobre el “Deber de abstención”, que el funcionario público deberá abstenerse de tomar intervención “directa o indirectamente” en los asuntos en los cuales sea “acreedor, deudor o fiador del interesado, con excepción de las deudas o acreencias que se posean como cliente de una entidad bancaria, financiera o cooperativa”.
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Sin embargo, Peña es deudor de Gómez Abente SA por un monto de G. 2.119.740.000 (USD 300.000) por la construcción de su mansión en San Bernardino, según declaró el mismo presidente ante la Contraloría, lo que se puede observar en el informe del examen de correspondencia.
La firma ganó de entre cinco oferentes la licitación convocada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). La obra, de 44.000 m², está ubicada en Capiatá, y es financiada con recursos del presupuesto general.
Peña participó activamente en el proyecto de la obra junto con la ministra de Obras Públicas Claudia Centurión, su mano derecha y una de las más cercanas de su Gabinete.
El director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, Armindo Torres, reconoció que la ley exige que en estos casos el mandatario deba abstenerse de tomar intervención, pero aseguró que, en este hecho específico, Peña “no intervino”.
Indicó que la obra fue adjudicada por el MOPC y por Contrataciones Públicas, pero ante la consulta de Última Hora sobre cómo se puede saber que el presidente no tomó intervención, el director respondió con otra pregunta: “¿Cómo probás su intervención?”, expresó.
Torres explicó que lo que importa es quién hace la contratación directa, en este caso, se tiene en cuenta la firma de la ministra y de los encargados de Contrataciones Públicas, y que sería diferente si el mismo Peña fuera el contratante.
Sin embargo, el artículo de la ley expresa claramente que el funcionario público deberá abstenerse de tomar intervención incluso “indirectamente”. Sobre este punto, Torres dijo que se necesita un documento, como un dictamen, por ejemplo, donde el presidente recomiende que se realice la obra, sin mayor aclaración.
“Por eso el simbolismo de esta obra que va a tener que quedar en la historia, una obra que perdure no 20, 50, sino 100 años y que la gente pueda saber que esa obra también simbolizó el fin de un capítulo en donde no invertíamos en las fuerzas militares”, manifestó Peña el pasado año al anunciar la construcción.
El abogado Ezequiel Santagada, por su parte, afirmó que sin duda hay conflicto de interés y ético por existir tal deuda con un contratista del Estado. “Peña no decide sobre la obra pero los subordinados suyos sí deciden eso”, contradijo a Torres.
Del mismo modo, resaltó que es necesaria una ley de ética pública y que un presidente no debería tener deudas en pleno ejercicio de sus funciones. El mismo criterio utilizó para cuestionar la relación cercana con ueno que tiene Peña desde el 2019 cuando la firma se llamaba Credicentro. “Había relaciones cercanas en ese entonces y, oh, causalidad, es el banco que capta fortunas de fondos públicos. Hay conflicto de interés ético”, afirmó.
La vivienda en San Bernardino fue adquirida en 2023, según el informe de Contraloría, por valor total de G. 7.750.600.000. Esta cifra se divide en el costo del terreno, que es de G. 1.450.600.000, y de la construcción, equipamiento y el mobiliario, que es de G. 6.300.000.000.
ÚH llamó a la firma Gómez Abente sin respuesta.
“Peña no intervino. Otra cosa es cuando él es el que contrata. ¿Cómo probás su intervención?” Armindo Torres, director de Contraloría.
- 164.359 millones de guaraníes es el monto de la adjudicación a Gómez Abente para construir Academil
- 900.000 dólares fue el monto total del contrato firmado con la constructora por su casa de San Bernardino.
