Opinión

Financiamiento político

Lida Duarte – @lidaduarte

En medio de una desconfianza hacia todo el sistema de Gobierno, los senadores trataron de enmendar el blanqueo de dinero de dudoso origen destinado a las campañas electorales. Nuevamente incorporaron exigencias, entre ellas la obligación de los candidatos de las internas de declarar el origen de los fondos que recibe antes y después de la campaña electoral, en un intento por evitar el uso de recursos provenientes del narcotráfico, crimen que vincula a varios congresistas paraguayos, algunos con procesos abiertos en la Justicia.

Todo apunta a que regirán cambios en el Código Electoral en cuanto al financiamiento político, discusión que se extendió a todo el país con ayuda de Blas Llano y su inspiración en el Guasón.

Entre otros aspectos, el Tribunal Superior de Justicia Electoral se encargará de supervisar las políticas y procedimientos para la prevención de riesgos de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo, comprometiendo a una gran estructura al control de las campañas.

Pero hay otra arista del financiamiento a las candidaturas que merece momentos de reflexión. Tiene que ver con la dificultad que tienen las mujeres para acceder a recursos y poder lanzarse a la política. No solo juega aquí la dependencia/violencia económica, la desigualdad en sus ingresos con relación al hombre, sino también la discriminación que sufre en su propio partido y por tanto la negación de aportantes para financiar sus campañas.

Investigadoras como Nadezhda Shvedova y Mala Htun coinciden entre otros puntos, que el obstáculo se debe a que los varones son quienes imponen las reglas en estas organizaciones y por tanto no facilitan el camino hacia la igualdad.

Una de las ideas planteadas y que justamente apunta a una igualdad de condiciones desde el aspecto económico, es que los movimientos y partidos políticos utilicen únicamente el subsidio estatal para sus campañas, pero la propuesta está lejos de un debate parlamentario.

Compromiso. Hace casi 25 años, más de 150 países, incluido Paraguay acordaron a través de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, encaminar iniciativas en favor de la participación de las mujeres en el ejercicio del poder y la toma de decisiones en todos los niveles.

Se abordaron temas como condiciones de pobreza, violencia contra la mujer, derechos humanos, el ejercicio del poder y la adopción de decisiones.

Estas premisas sirvieron de respaldo para seguir peleando por el aumento de la participación política femenina, incansables intentos que son frenados por grandes muros.

Mientras Colorado Añetete promete que salvará el proyecto de financiamiento político en la Cámara de Diputados, da la espalda a sus miembros mujeres que participaron de la campaña por la Ley de Paridad. Fueron los mismos compañeros, junto con otros legisladores y legisladoras, quienes cercenaron el espíritu de la normativa que pretendía que las listas de candidaturas estén conformadas en un 50% por mujeres y sea elaborada de manera alternada.

A pesar de que los proyectistas cedieron para que por lo menos rija la paridad en las internas y no en las generales, los diputados cercenaron la propuesta y establecieron capacitaciones para lograr una mayor equidad. Hasta el Ejecutivo declaró que había incoherencias en la ley y la vetó.

Hay varios ejemplos del aumento de la participación femenina en los espacios de poder con el empujón legislativo. Es el caso de Bolivia, que si bien sigue teniendo inconvenientes en la efectividad de la participación, muestra importantes avances, como es de esperarse en todo proceso que sigue a la vigencia de una nueva normativa.

Solo es cuestión de tiempo, a veces puede ganar el cansancio, pero cuando nos unamos nuevamente la paridad ganará.

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