En este caso que también tiene como foco de los denunciantes el ex presidente Mario Abdo Benítez, el Ministerio Público enfrenta un plazo decisivo en que o presenta acusación formal contra Abdo, Espínola y otros funcionarios o simplemente los sobresee.
La defensa arguye que existen dos recursos que deben ser resueltos por la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Consideran tramposa la diligencia de la Fiscalía que pide como anticipo jurisdiccional de pruebas, la extracción de datos de las computadoras de los funcionarios que están imputados y que ya fuera solicitada por Aldo Cantero. Pese a que esa acción fue impugnada, todavía no tuvo resolución de la Justicia.
Para los defensores del imputado, ya no se puede como pretenden en la Fiscalía apelar a declaraciones testificales de funcionarios “interesados de la Seprelad” para ratificar lo que ya está supuestamente en la diligencia.
Nulidad. Pero con lo que insistirá la defensa es en que la Sala Penal incurrió en un incumplimiento de plazo respecto a un recurso, y que hoy por hoy en un Estado de derecho en el que se cumple estrictamente la ley, la causa penal tendría que estar extinta. Añaden que no debió avanzarse en diligencia alguna en el caso del diputado Espínola quien cuenta con fueros y cuyo desafuero fue denegado.
