“Ahora se les considera extranjeros ilegales, (así que) esperen una persecución intensificada”, afirmó el jefe del Departamento de Inmigración filipino, Joel Anthony Viado, en un comunicado.
Viado señaló haber dado órdenes a la división de inteligencia de Inmigración de buscar a los 11.254 empleados extranjeros que han desafiado al ultimátum de las autoridades filipinas, después de que 22.609 abandonasen el país voluntariamente antes del 31 de diciembre.
Los conocidos como POGO (siglas de Philippine Offshore Gaming Operators u Operadores de Juego Extraterritoriales), casinos virtuales dirigidos especialmente a ciudadanos chinos, se convirtieron tras ocho años de actividad en sinónimos de estafas, esclavitud y tráfico humano.
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“Las órdenes del presidente son claras, no más POGOs en Filipinas”, dijo Viado.
El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., anunció el pasado julio la ilegalización de estas empresas de juego en línea y, finalmente, oficializó la orden en noviembre, al ligar su actividad a grupos mafiosos y criminalidad.
Estos casinos virtuales gestionan páginas web donde se puede jugar a la ruleta, al póker o las tragamonedas en versión digital, y fueron legalizadas en Filipinas en 2016 bajo el mandato del expresidente Rodrigo Duterte.
En 2019, estos casinos virtuales aportaron unos 1.780 millones de dólares a la economía filipina, según datos del medio filipino Rappler. Sin embargo, también se vieron vinculados a actividades delictivas y mafias.
Pese a su ilegalización, las autoridades filipinas temen que algunas empresas de juego virtual continúen operando en la clandestinidad, pero en pequeños grupos que se pueden mover fácilmente, en lugar de en grandes complejos con cientos de personas, como hasta ahora.
Fuente: EFE.
