El director general de Aduanas, Julio Fernández, respondió por escrito las 26 preguntas del cuestionario de la interpelación que no se pudo dar de forma presencial la semana pasada en la sesión, porque los diputados colorados se ausentaron para no dar cuórum, evitar las repreguntas de opositores y blanquear al funcionario, como un acuerdo posterior a las elecciones.
Fernández explicó en su respuesta que presentó una denuncia contra el senador de Colorado Añetete Martín Arévalo, ante el Ministerio Público, por tráfico de influencias, alegando que pidió que dos funcionarios sean designados en puestos claves para la realización de sumarios y procesos administrativos.
Detalló que el primer pedido del senador era que Miguel Ángel Medina Prieto, jefe de División, sea ascendido a administrador de Aduana de Terport, siendo que el despacho que presenta el chofer que transportaba el contenedor en infracción aduanera se encuentra suscripto a Medina.
El segundo pedido fue que el jefe de División Luis Roberto Pereira Recalde ocupe el cargo de Aduana de Aeropuertos, que constituyen, según Fernández, los principales puntos de ingreso de las mercaderías objeto del sumario en el que pretendió intervenir el senador.
Fernández aclaró que ningún funcionario fue removido de su cargo ni ascendido.
En el informe se detalla además que la institución cuenta con 33 depósitos aduaneros, todos interconectados con el sistema informático Sofía.
En cuanto al sistema de vigilancia, se aclara que la infraestructura es proveída por el depositario de las mercaderías, como una obligación, aunque igualmente –según indica– Aduanas reforzó con cámaras los recintos de Itá Enramada, Puerto Falcón, Vista Alegre, Encarnación, Ciudad del Este, entre otros.
AMENAZA. Arévalo había expuesto que Fernández le pidió hacer callar a las diputadas Kattya González y Celeste Amarilla que denunciaban hechos de corrupción en pandemia. Sobre el punto, el directos de Aduanas respondió que fueron sacadas de contexto sus expresiones y que solo se refirió a que los casos ya estaban siendo investigados y no se requería de la presión de los legisladores.
Sobre los cultos religiosos en la institución, Fernández respondió que sí es miembro del Centro Familiar de Adoración, pero que no participó de actos en horario laboral.
CONTRABANDO. En vistas de que Arévalo reveló un presunto robo de una carga de electrónicos valuada en USD 3 millones, declarados como contrabando, los diputados preguntaron al director de Aduanas si se contrató una empresa aseguradora para el depósito Gical, donde son guardadas las cargas, atendiendo que todos los bienes incautados pasan a ser patrimonio del Estado.
Fernández respondió que Aduanas no tiene potestad de contratar una aseguradora.
Reconoció igualmente que Aduanas es responsable de la guarda y custodia de los bienes, por lo que contrató una empresa de seguridad y pidió el refuerzo policial, pero deslindó culpabilidad de funcionarios en el robo de mercaderías, alegando que se hizo todo lo posible para fortalecer la seguridad y luego se radicó denuncia ante la comisaría y el Ministerio Público.
Sobre la consulta de por qué el camión y contenedor que transportaban las mercaderías incautadas fueron vendidos en subasta pública, pero no los electrónicos, que fueron direccionados a concurso de compra directa en beneficio de la firma Emeku, Fernández explicó que los vehículos fueron rematados porque ya pesaba sobre ellos una sentencia, pero no sobre las mercaderías, que primero debían ser verificadas, hasta una orden fiscal para su venta.
La denuncia ante la Fiscalía tiene como eje los pedidos del senador de designar a funcionarios en puestos claves.
Arévalo pretendió intervenir un sumario de mercaderías, colocando a un funcionario en aeropuertos. Julio Fernández, director de Aduanas.
