Pese a que estaba citada a las 11.00 horas (14.00 GMT), la mandataria se presentó hacia las 08.00 (12.00 GMT), con lo que logró evitar a la mayoría de los medios de comunicación e impidió que se generaran conflictos entre efectivos de la policía y los miles de militantes que suelen acompañarla en sus presentaciones en tribunales con gritos y cánticos de apoyo.
Según confirmaron a Efe fuentes judiciales, Fernández estuvo alrededor de una hora en el despacho del juez Claudio Bonadio, donde registró sus huellas dactilares y se sometió a un informe socio ambiental, cuyo objetivo es establecer sus condiciones económicas y algunos datos personales.
“Fue un trámite totalmente rutinario que duró muy poco tiempo. Se demoró un poco porque no estaba el juez y ni siquiera estaba la gente que tenía que tomar las huellas dactilares”, reveló el abogado de la ex jefa de Estado, Carlos Beraldi, en declaraciones a radio Vorterix.
Este es el paso previo para elevar a juicio oral la causa por la que está procesada la expresidenta y otros 14 acusados -entre ellos, el exministro de Economía y actual diputado nacional Axel Kicillof- en la causa que investiga la venta, por parte del BCRA, de contratos de futuros de dólar al final de su mandato.
La investigación apunta a que, de la diferencia entre el precio pactado y el del mercado de la venta de dólares a futuro, se registraron millonarias pérdidas para la entidad bancaria.
El magistrado dictó en mayo dicha sentencia, así como el embargo de sus bienes por 15 millones de pesos (unos 955.000 dólares), al considerar que en esas operaciones hubo “administración infiel en perjuicio de la administración pública”.
Ambas medidas fueron apeladas en septiembre por la expresidenta y el resto de los implicados, pero finalmente, la Cámara Federal de Buenos Aires las ratificó el pasado 11 de noviembre.
Para Beraldi, todas las causas en las que está implicada actualmente su defendida “son débiles” y “tienen más espectacularidad mediática que otra cosa”.
“En este caso adquiere ribetes grotescos porque una decisión de política económica no es un acto que pueda ser analizado por la justicia”, agregó antes de destacar que desea que la causa sea elevada a juicio oral “cuanto antes” para poder “dar la batalla jurídica” y que la sociedad vea que lo que defienden “es cierto”.
Bonadio había citado a Fernández para realizar estas gestiones el pasado viernes, pero después de que no se presentara, le pidió que fuera este martes bajo “apercibimiento” de ser trasladada si no lo hacía por las fuerzas de seguridad.
La defensa de la exmandataria había pedido retrasar el trámite o que se realizase en los tribunales de la localidad donde reside, Río Gallegos, a unos 2.000 kilómetros al sur de Buenos Aires porque no podía desplazarse hasta el 1 de diciembre.
Hasta este lunes, existían dudas de que se fuera a presentar a su segunda cita, hasta que ella misma confirmó a través de su cuenta en la red social Twitter que acudiría.
En esa plataforma dijo que adelantó un día su vuelo para cumplir con las disposiciones de la Justicia y criticó que “a esta altura del desastre económico y enchastre político que esta gente (el Gobierno) -sic- ha causado, lo único que les queda es la provocación”.
Además, Fernández pidió a sus seguidores que no fueran a apoyarla hoy a tribunales porque, a su juicio, “siempre con el auspicio” de medios de comunicación “afines” al Gobierno de Mauricio Macri, y la “inestimable colaboración del poder judicial”, el Ejecutivo preparaba “un capítulo más de la distracción permanente como único método de gestión”.
