Amarilla relató que el legislador supuestamente fue junto al presidente del ente agrario, Justo Cárdenas, y ante su negativa acudió luego al vicepresidente, Juan Afara, para pedir la mediación.
“Pakova fue a solicitar que el Indert dé títulos a seis personas en el Chaco, y cada uno tiene 4.000 hectáreas”, señaló,
Relató que el modus operandi para estafar al Estado fue el de reconstruir expedientes de supuestos recurrentes que pidieron tierras en los años 1979, 1980, 1981 y 1985 (entre 28 y 34 años atrás) y falsificando documentos, adjudicar los lotes al precio viejo.
Sostuvo que uno de los casos es el de Amelio Salustiano González, quien el 3 de agosto de 1981 solicitó compra de tierras fiscales en la colonia Lagerenza al ex Instituto de Bienestar Rural (IBR), hoy Indert.
Indicó que ya bajo la presidencia del ex titular Luis Ortigoza, el 28 de diciembre del 2012 (Día de los Inocentes) se dictó una resolución que adjudicó a González y estableció el precio en G. 30 mil por hectárea.
“El mismo día en que se concretó el fato de San Agustín, Ortigoza dicta una resolución de carácter especial que resuelve que este señor, que desde el 81 no pagó un peso, pague G. 30 mil por hectárea”, sostuvo. Agregó que el 6 julio del 2013, en la administración de Juan Carlos Ramírez Montalbetti, la institución realizó la liquidación por G. 106 millones en total. Afirmó que cuando se realizó el georreferenciamiento “ese lote ubicado en la colonia Lagerenza se convierte en otro lote de 3.360 hectáreas ubicadas en la colonia Kuarahy Retã del distrito de Bahía Negra (Alto Paraguay)”.
Dijo que no se sabe si de verdad se desembolsó el ínfimo precio, debido a que nunca existieron esos expedientes y los pocos documentos que se tenían fueron llevados por Ortigoza.
Amarilla aseguró que todos los “clientes de Pakova” utilizaron el mismo modus operandi y existen otras adjudicaciones a Joel González Ramírez, Anselmo Benítez González, Lino Marín Brizuela y Alfredo González Ramírez. “El único inconveniente técnico es que estas tierras hoy valen USD 500 la hectárea”, refirió, recordando que por las mismas se pagó USD 6 la hectárea.
Solo en los seis casos donde el “gestor” fue Ledesma el prejuicio patrimonial al Estado asciende a G. 6.400 millones en total, según confirmaron desde la institución. Pero añadió que son 26 en total donde se tuvo “el mismo modus operandi”.