EFE
El secretario general de la Presidencia de Colombia, Alfonso Prada, dijo en una declaración en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, que la antigua guerrilla entregó 1.000 millones de pesos en efectivo (unos 341.820 dólares) y 32.000 gramos de oro valuados en unos 4.000 millones de pesos (unos 1,3 millones de dólares).
“Recibimos de manos de las FARC (...) 1.000 millones de pesos”, dijo Prada, quien detalló que ese dinero está en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que se encarga de gestionar los dineros y bienes que entregue ese grupo para reparar a las víctimas.
El funcionario agregó que el Gobierno también recibió y entregó en custodia “32.000 gramos de oro sobre el cual hay que hacer valoración técnica en relación con su pureza, pero básicamente están valuados en casi cuatro mil millones de pesos”.
Prada agregó que el Gobierno seguirá en la labor de identificar los bienes entregados por las FARC, establecer su ubicación y aclarar su situación jurídica.
Sobre los bienes de las FARC, dos autoridades colombianas le advirtieron hoy al Gobierno nacional que los dineros de la extinción de dominio no pueden ser utilizados para administrar los bienes de las FARC.
La presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Marta Lucía Olano, y el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, alertaron en una carta al ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil, de las irregularidades en las que se puede incurrir en el proceso de recepción, administración, saneamiento y sostenimiento de los bienes entregados por las FARC para reparar a las víctimas.
El pasado 15 de agosto, la Misión de la ONU en Colombia entregó al Gobierno 135 folios con el listado de bienes y activos que dicen tener las FARC, un compromiso pactado en el acuerdo de paz que firmaron las partes en noviembre pasado.
Ese listado levantó una fuerte polvareda luego de que el fiscal Martínez exigiera identificar “cabalmente los activos” de ese grupo y advirtiera que relacionaron escobas, pocillos, botas e incluso tratamientos médicos como posesiones.
A su turno, la guerrilla afirmó que el inventario se hizo “con el máximo rigor posible” y desvirtuó las críticas de diversos sectores al advertir una “intención política” de entorpecer la implementación de la paz.
