En Texas, el estado con más ejecuciones de EE.UU. y el tercero con más sentenciados, hay 265 hombres y 9 mujeres que esperan en el corredor de la muerte, según datos de este mes de la coalición texana contra esta práctica penitenciaria. En todo el país, cerca de 3.000.
Son hombres y mujeres condenados por crímenes capitales, normalmente asesinatos múltiples u homicidios combinados con robos, violaciones y secuestros.
Detrás de ellos y de sus sentencias, hay familias que ponen en duda la necesidad de ejecutar a un hijo, a un hermano o un amigo.
“Tengo un hijo que está en el corredor de la muerte desde hace 5 años y medio”, cuenta a Efe Marilyn Grant, una afroamericana de Fort Worth (EE.UU.) que conduce una vez al mes las cuatro horas y media hasta la prisión de Livingston que concentra a los condenados a muerte en Texas.
Su hijo, Paul David Storey, de 29 años, participó con otro condenado en un robo y tiroteo mortal cuando tenía 21 años, según figura en su expediente criminal. “Las visitas son lo más importante que le pasa”, explica la madre.
“Nunca hablamos de su caso. Hablamos de la familia, del mundo, de cuando era niño. Reímos, queremos hacerle la visita placentera, ya conocemos su condena”, cuenta Marylin, que durante el mes se anota cosas divertidas que le vienen a la cabeza para contárselas a su hijo durante las dos horas de visita.
Esta texana cree que “la familia del asesino se convierte también en víctima porque le matan a un ser querido”. “No solo se crea más muerte, sino más víctimas”, opina.
Le disgusta hablar con Paul solo a través del cristal, no poder achuchar a su hijo cuando llora, no abrazarlo “desde el 19 de octubre de 2006", dice de carrerilla.
El primer día que visitó a su hijo conoció a Lelia Pérez Meyer, quien reivindica desde 1998 la inocencia de su hermano, Louis Pérez, un hispano que ahora tiene 51 años y espera en el corredor de la muerte.
Pérez, según su expediente en el Departamento de Justicia Criminal de Texas, carga con una sentencia por triple asesinato, de dos mujeres y una niña, en Austin en 1998.
“Lo he visitado cada semana durante quince años. No quiero que le pase lo que ha ocurrido con los otros: varios se han suicidado, muchos se han vueltos locos y uno se comió su propio ojo. La celda es una tumba para ellos”,asegura a Efe Lelia.
La hermana del condenado sostiene que han tenido casi una decena de abogados de oficio desde 1998, que el preso solo ha recibido tres visitas de los letrados en la cárcel y ahora han contratado a un bufete privado.
“Estos abogados de oficio tienen tanto trabajo y tan pocos recursos que no pueden hacer bien su trabajo. Ahora tenemos más esperanza porque nuestra abogada tiene un equipo tanto en Texas como en Washington”, razona.
Pérez, que lleva un tarjetón colgado en el pecho con su nombre y el de su hermano, se define como una activista contra la pena de muerte, mantiene correspondencia con decenas de condenados y ha participado en Europa en encuentros sobre el tema.
Lelia Pérez, Marilyn Grant y otros familiares asistieron a un congreso en Fort Worth este fin de semana, en que también participó D’Lisa Harris-Abbott.
Esta texana se mantiene como activista contra la pena de muerte, pese que su amigo Cleve Foster, un hombre blanco condenado por asalto sexual y asesinato, fue ejecutado en 2012.
“El día en que fue ejecutado dijo mi nombre y me hizo prometerle que seguiría luchando por esta causa”, hace memoria para Efe Harris-Abbott.
“Primero fue una sensación de incredulidad, no te lo crees hasta que la persona está en la sala de ejecuciones y sabes que lo preparan; y después de desesperación, el proceso se alarga unos 45 minutos”, recuerda.
D’Lisa Harris-Abbott explica que, después de la ejecución, la familia y los amigos pudieron ver el cuerpo y tocarlo tras años sin poder hacerlo. “Es cruel, pero al mismo tiempo es como tener un poco más de ellos”.
