La normativa pretende que toda persona tenga derecho a una resolución judicial definitiva en un plazo máximo de tres años, contados desde el primer acto del procedimiento, para los hechos de acción penal pública; y un año y seis meses para los hechos punibles de acción penal privada.
El documento se encuentra en el primer trámite constitucional y ya tuvo varias postergaciones debido a que genera posturas bastante divididas, según adelantó el diputado Hugo Meza, luego de la reunión de la mesa directiva.
Para los detractores no bajará la “mora judicial” como se pretende sino activará impunidad a los procesos.
El segundo proyecto es el “Que declara en situación de emergencia al Departamento de Ñeembucú”. La exposición de motivos hace alusión a que la naturaleza, últimamente, está castigando con dureza al departamento, afectando las fuentes de vida de las familias.
