El proyecto de declaración se encontraba en el punto 12 del orden del día del Senado, pero los legisladores solamente llegaron hasta el punto 5 (de 13 puntos) y luego la sala quedó sin cuórum, por lo que se levantó la sesión.
Los senadores colorados cartistas, Basilio Bachi Núñez y Natalicio Chase también firmaron como proyectistas y el pedido de auditoría apunta también a la gobernación del Central.
El documento solicita que la Contraloría realice una Fiscalización Especial a las Gobernaciones de Cordillera y Central, sobre el uso de los recursos públicos ejecutados para los siguientes fines: a) Alimentación escolar b) Construcciones e inversiones c) Transferencias efectuadas a la sociedad civil d) Fondos concedidos por leyes de emergencia (Pandemia por COVID-19). La solicitud comprende el periodo de 2018 a 2023.
persecución. La dirigencia del PLRA calificó de injustificado el pedido de auditoría y que huele a intento de persecución política contra el presidente de los liberales.
Detallaron que la Junta Departamental de Cordillera aprobó los balances anuales, y presentó todas las rendiciones de Fonacide y Royalties a la CGR y la AGPE sin objeciones, además de otras auditorías practicadas.
También señalaron que el nuevo gobernador colorado no realizó denuncias ni se registró incremento patrimonial en las declaraciones.
El senador liberal, Salyn Buzarquis, afirmó durante la conferencia de prensa en el PLRA que solicitarán que la auditoría, si se hace que sea para las 17 gobernaciones y no en forma selectiva a administraciones de la oposición, porque de lo contrario, se demostraría que es una persecución política.
