Esta postura fue expresada por los exmandatarios Jorge Quiroga (2001-2002) y Carlos Mesa (2003-2005), el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas (1993-1997); el gobernador del departamento de Santa Cruz (este), Rubén Costas; el alcalde de La Paz, Luis Revilla, y el líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina.
Tras reunirse en La Paz, los seis políticos difundieron un comunicado conjunto en el que aseguran que el Gobierno de Morales “ha roto los límites de la independencia” entre poderes y transformó al poder Judicial “en un instrumento de persecución política”.
También denunciaron que el Ejecutivo ha violado leyes o ha creado “normas arbitrarias a su medida” para “facilitar sus acciones” en contra de sus adversarios, a quienes considera “enemigos”.
“La mayoría de nosotros, igual que cientos de conciudadanos, estamos sometidos a procesos y juicios cuyo único objetivo es descabezar a quienes expresamos ideas y posiciones distintas y críticas de quienes gobiernan para evitar la conformación de alternativas democráticas”, indica el comunicado.
Los opositores también se pronunciaron sobre otros asuntos, como la próxima elección de altos magistrados del órgano Judicial y la intención del oficialismo de insistir en la nueva postulación del presidente Morales en los comicios de 2019, pese a que un referendo en 2016 ya le negó esa posibilidad.
Anunciaron que trabajarán “unidos” para denunciar dentro y fuera del país las acciones del Gobierno “que se planifican y se realizan poniendo en entredicho las libertades ciudadanas” en Bolivia.
“Para conseguirlo, haremos pública toda arbitrariedad presente y futura que judicialice la política, impulsaremos un informe serio y documentado de esta forma de persecución a la oposición a lo largo de los once años de gestión de la actual administración y haremos conocer a los organismos internacionales la situación crítica que vive la democracia boliviana”, concluye el manifiesto.
Quiroga, Costas, Revilla, Doria Medina y otros dirigentes opositores enfrentan numerosos procesos judiciales iniciados a instancias del Ejecutivo, algunos por casos de hace más de dos décadas y que fueron reactivados por denuncias de las autoridades.
Los opositores han denunciado varias veces que estos procesos buscan inhabilitar sus posibles candidaturas en las próximas elecciones.
