Según Juan Pablo Fernández, catedrático de Derecho a la Información y miembro del Grupo Impulsor de Acceso a la Información (GIAI), existe poco apoyo en materia de difusión de la ley y de capacitaciones sobre la utilización de la normativa. “El acceso a la información pública debe funcionar como una política de Estado, así como lo son las becas Carlos Antonio López”, explicó a ÚLTIMAHORA.COM.
En cuanto a denuncias sobre pedidos de acceso a informaciones públicas sí se muestra cierto avance, lo que ayudó bastante a sacar a luz varios casos de corrupción en la gestión pública, pero no es suficiente, destacó el experto.
Ahora el desafío, según el especialista, está en la difusión sobre cómo utilizar la herramienta, además del empoderamiento de la normativa, para que la disposición logre cumplir con su función.
“Seguimos trabajando en fortalecer las organizaciones de la sociedad civil, cuerpos no gubernamentales y comisiones vecinales. Trabajamos en la otra pata de la Ley, lo cual resulta muchas veces complicado, por la falta de presupuesto y de apoyo de varios sectores. Tal problema muchas veces nos llevó a concretar trabajos a puro pulmón”, detalló Fernández.
Los tres poderes obligados. Si bien la oficina rectora de la ley está dentro del Ministerio de Justicia, la normativa obliga a los tres poderes del Estado a implementar oficinas de acceso a la información. Esto ayudaría a que se entienda que el Gobierno muestra cierto interés en trasparentar las gestiones y que la promulgación de la Ley no sólo es “algo enunciativo”.
Volver a creer en el Estado. La Ley de acceso a la información busca que el ciudadano vuelva a creer en la gente, destacó en Fernández, por lo que la enseñanza de cómo utilizar la norma es una tarea pendiente del Gobierno.
Los trabajos del GIAI (Grupo Impulsor de Acceso a la Información) fueron difíciles. Iniciaron alrededor del 2003 y tras varias insistencias, recién en el 2015 las autoridades entendieron la importancia de tener una ley que permita al ciudadano el acceso a informaciones de orden público.
Hoy, la utilización de ésta herramienta sigue siendo tarea pendiente del Estado.
