El recordado caso de la niñera de oro, que involucró al ex legislador colorado Víctor Bogado, duró seis años desde que se descubrió en el 2013 que había nombrado en la Cámara Baja a Gabriela Quintana, aparente niñera de sus hijas. También había logrado que la mujer fuese nombrada en Itaipú.
Finalmente, fue condenado a un año con suspensión de pena; es decir, una multa de G. 480 millones, con lo que logró su libertad, y solamente perdió su investidura de senador por la presión ciudadana que indignada se manifestó y presionó a los senadores a que lo destituya.
Algo similar se había dado en el 2013 con la hija de la ex diputada colorada Perla de Vázquez (Perlita Paredes Acosta), descubierta en el 2013 cobrando salarios de cinco instituciones públicas.
El carnaval de despilfarros en la Cámara Baja también benefició al ex diputado José María Ibáñez, protagonista de la investigación sobre los caseros de oro, quienes figuraban como funcionarios planilleros, y donde también se libró de la prisión pagando.
El diputado Tomás Rivas sigue el mismo camino y otros procesados como el diputado Carlos Portillo y el ex senador Jorge Oviedo Matto.
