Ante esto, se suspendió la importante diligencia donde se iba a decidir si el caso iba o no a juicio oral. El magistrado elevó un informe acerca de la recusación al Tribunal de Apelación en lo Penal, que deberá estudiar el pedido.
La presentación se hizo en forma conjunta por los esposos José Costa Perdomo y Delia Patricia Samudio Torras, en contra del magistrado Julián López.
Indican como causales haber emitido opinión o consejo sobre el procedimiento, además, de la parcialidad y falta de independencia de López.
PREOPINIÓN. Específicamente, como preopinión en el caso, citan la resolución del 22 de junio pasado, donde el juez sancionó al abogado Marcial Otilio Paredes Basualdo al pago de 75 días multa equivalentes a G. 6.803.825.
Afirman que la sanción a su defensor se dio a raíz de la renuncia al mandato. Con ello, alega que el juez manifestó que “el defensor técnico renunció con la intención de que sea suspendida la audiencia preliminar prevista para el 23 de junio del 2022”.
Cita incluso que el juez refirió en su fallo que el abogado no pudo demostrar con “elementos contundentes” los motivos del porqué renunció al mandato. Afirman en ese sentido que “tampoco se pudo demostrar de ninguna manera que la intención del letrado mediante su renuncia fue la de la suspensión de la audiencia...”.
Los recusantes aclaran que ellos no pudieron llegar a un acuerdo económico con el abogado, ya que la pretensión de los abogados en un caso mediatizado no condicen con la realidad. Sin embargo, afirman, fue sancionado por ejercer su derecho.
Explican que, con ello, no hay abogado que quiera asumir su defensa. Incluso, apuntan que su defensor actual fue advertido de que sería sancionado si planteaba cuestiones dilatorias.
Con ello, apuntan que hubo preopinión del magistrado. Asimismo, acota que evidentemente también hubo parcialidad por parte del juez, lo que hace que los abogados no se sientan libres de ejercer la defensa.
Así, piden al juez que se aparte de la causa, teniendo en cuenta estas causales. Ahora, el Tribunal de Apelación Penal deberá resolver si confirma al juez o admite el pedido.
Acusados por el caso agua tónica
En el caso, la Fiscalía acusó a Delia Patricia Samudio y su esposo José Costa Perdomo, a más de otras personas, porque durante su administración al frente de Petróleos Paraguayos SA el ente adquirió, por la vía de la excepción, 3.000 tapabocas N95, 5.000 botellas de agua tónica y otros insumos.
Según apunta, las compras hechas durante la pandemia por el coronavirus totalizaron a la petrolera la suma de G. 359.700.000.
La acusación por presunta lesión de confianza fue presentada por los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera.
En el proceso penal, además de Samudio y su esposo Costa Perdomo, también están acusados y con pedido de juicio oral Félix Marcelo Chávez, Roberto Luis Cabrera, Miguel Darío Cáceres y Freddy Agustín Careaga.
La audiencia preliminar ante el juez Julián López ya fue suspendida en seis ocasiones, y el Tribunal de Apelación y en la misma Corte advirtieron a la defensa que actuara de buena fe, caso contrario sería pasible de sanciones por los recursos dilatorios que promueve en la causa.