En comunicación con Monumental 1080 AM, el abogado Víctor Galeano Perrone volvió a asegurar que el terreno está fuera del Regimiento Escolta Presidencial y reiteró que no quiere sacar ningún provecho del aparato estatal.
“Yo no quiero ni un solo centavo del Estado. Yo renuncio a todo tipo de honorario, solo pido que me devuelvan mi propiedad. El Estado tiene que velar por la propiedad privada. Pero muy mal intencionados dicen que está dentro del Escolta, pero no”, afirmó.
Explicó que en los años 60, el mayor del Ejército José Tomás Núñez adquirió dicha propiedad, que está al costado de la sede del Regimiento Escolta Presidencial, paralelo a la avenida General Santos, en Asunción.
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Durante la época de la dictadura de Alfredo Stroessner estuvo preso, luego exiliado por cinco años, y en ese contexto el Escolta ocupó las tierras, relató Perrone.
En 1993, Perrone compró el terreno y desde entonces pagó el impuesto inmobiliario. Comentó que incluso habló con el entonces presidente Juan Carlos Wasmosy para proceder al desalojo.
Siguiendo con su cronología, en la época presidencial de Fernando Lugo, la Procuraduría General de la República ya había presentado una usucapión sobre su propiedad, estando él pagando los impuestos año a año y esperando el momento que el REP quiera devolver a su propietario”, expresó.
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Sobre esa misma línea, aclaró que no demandó al Estado, sino que se defendió.
“Yo no le demandé, yo me defendí. La usucapión es una figura que no corresponde porque uno no puede usucapir una propiedad del Estado. No conozco ninguna usucapión hecha por el Estado. Lo que hubiesen hecho era una expropiación”, indicó.
La semana pasado se conoció el fallo firmado por la jueza Julia Rosa Alonso, por el cual obliga al Estado a paraguayo a desocupar el terreno y a realizar un previo pago por arrendamiento de unos G. 72 millones por año, desde 1994, lo que sería alrededor de más de G. 2.000 millones hasta el 2023 a favor de Perrone.
Ante el insólito fallo, la Procuraduría General de la República (PGR) planteó una acción de inconstitucionalidad que está en manos de la Sala Constitucional de la Corte resolver el caso.
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A Perrone se lo conoce como “el monje negro” del ex presidente Horacio Cartes, también fue vinculado al magnicidio de Luis María Argaña y fue denunciado en varias ocasiones por la ex legisladora Desireé Masi.
