Desde el 1 de julio pasado, día en que asumió la nueva mesa directiva del Congreso, con el liberal Blas Llano a la cabeza, está vigente una resolución de tijerazo a gastos superfluos.
En el documento se habla de la aprobación de la reglamentación del plan de racionalización del gasto y se establecen medidas de austeridad, economicidad y uso racional de los recursos de la institución.
El senador oviedista, Jorge Oviedo Matto, no quiso ahondar mucho sobre esa resolución porque no quiere opinar del trabajo de sus colegas.
Sí dijo que dejó una administración austera y que los fondos para gastos reservados se entregaron casi en su totalidad.
Mencionó que el Congreso tiene un sistema de presupuesto de gastos rígidos y los recortes que se podría hacer son ínfimos. “Hay que tener en cuenta que el presupuesto de todo el Poder Legislativo incide en un 2% en el Presupuesto General de la Nación (PGN)”, indicó.
El senador colorado Julio Velázquez también dijo que sale satisfecho de su administración porque se lograron reducciones importantes en diferentes rubros.
Sobre los gastos reservados dijo que queda a criterio de cada presidente si utiliza o no esos fondos.
Los ex presidentes del Congreso coincidieron en que utilizaron parte de esos gastos para reforzar la seguridad de la sede legislativa.
La política de reducción de gastos afecta a catering, que incluye almuerzo, bocaditos y refrigerios; pasajes y viáticos se reducen a los estrictamente necesarios; servicios públicos, agua, luz, teléfono y, en general, los gastos superfluos.
También abarca combustibles y lubricantes, remuneraciones extraordinarias, papelería e insumos para oficina, equipamiento informático, mantenimiento, entre otros.
Además de la reducción del 30% en diferentes rubros, se prevé no ejecutar el objeto de gasto reservado, del cual se tendría un saldo más o menos de G. 250 millones.
