Alejandro Toledo, en prisión domiciliaria en San Francisco, es acusado en Lima de corrupción y lavado de activos en el marco del caso Odebrecht.
El ex mandatario de 77 años niega las acusaciones y ha introducido varias peticiones para bloquear la extradición que Perú buscaba desde 2018 y que Washington autorizó en febrero.
El Noveno Circuito de Apelaciones de Estados Unidos denegó el martes de forma unánime su más reciente recurso legal.
En consecuencia, este miércoles un juez de California ordenó al político que gobernó Perú entre 2001 y 2006 entregarse a la justicia.
“Toledo será internado en una cárcel adecuada, donde permanecerá hasta que se produzca su entrega a las autoridades peruanas”, falló el juez del juez Thomas Hixson del distrito norte de California.
La defensa de Toledo “declaró que no solicitará más aplazamientos al Noveno Circuito ni al Tribunal Supremo”, escribió Hixson.
Toledo deberá entregarse el viernes a las 9H00 locales en el Palacio de Justicia de San José, a unos 40 kilómetros de Menlo Park, donde reside el exmandatario.
El juez Hixson encabezó una audiencia virtual en la cual participó Toledo junto a su abogada Mara Goldman y representantes del sistema judicial estadounidense.
Toledo, vestido con una camisa azul claro, solicitó atrasar el día de entrega para el 25 de abril debido a compromisos médicos, pero el representante del gobierno estadounidense, Kyle Waldinger, pidió no dilatar más el proceso.
“Estamos listos para trasladar al doctor Toledo a Perú para acatar la orden del tribunal”, dijo.
“No hay un buen momento bajo su régimen médico para ser extraditado”, dijo el juez Hixson en la audiencia.
“A la luz de eso, voy a concordar con el gobierno y ordenar que el doctor Toledo se entregue el viernes 21 de abril en el juzgado de San José”.
El expresidente se había mudado a Estados Unidos, donde tenía residencia tras haber estudiado y trabajado en la Universidad de Stanford.
Tras las acusaciones y el pedido de extradición de Lima, Toledo fue detenido en 2019 en California, y al año siguiente, fue puesto en prisión domiciliaria.
Lima lo acusa de haber recibido millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de licitaciones para obras públicas.
Los fiscales peruanos piden 20 años y seis meses de cárcel.
Odebrecht reconoció el pago de coimas en Brasil y en otros países de la región en el marco del escándalo Lava Jato, por el que decenas de políticos y empresarios de América Latina están encarcelados.
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En el caso de Toledo, han sido claves los testimonios de su antiguo colaborador Josef Maiman, y de Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú. Ambos afirman que el exmandatario recibió los sobornos.
Otros cuatro expresidentes peruanos enfrentan procesos judiciales por corrupción: Ollanta Humala (2011-2016), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020) y Pedro Castillo (2021-2022).
El expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) fue condenado también por corrupción, además de crímenes de lesa humanidad, y Alan García (2006-2011) se suicidó en 2019 cuando la policía estaba a punto de detenerlo bajo sospechas de vinculación con el caso Odebrecht.
Los abogados de Toledo no respondieron a las consultas de AFP.
