El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, elevó a juicio la causa contra el ex ministro de Boidanich, por el cargo de frustración de la persecución y ejecución penal, según la acusación fiscal.
En principio, la fiscalía había imputado por supuesto lavado de dinero y frustración de la persecución y ejecución penal, con lo que la máxima pena, en caso de condena es de 3 años. La defensa incluso argumenta que la causa ya está prescripta.
En el caso, Boidanich está acusado por supuestamente evitar el inicio oportuno de una investigación contra el cambista brasileño, Darío Messer, poniendo en peligro el comiso de bienes en Paraguay.
El magistrado admitió la acusación fiscal contra Boidanich y entendió que se cumplían todos los requisitos respecto a este cargo para que el mismo sea elevado a juicio oral y público.
En la misma audiencia, el magistrado concedió la suspensión condicional del procedimiento a las ex funcionarias de Seprelad Raquel Cuevas y Melissa Parodi.
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Ambas admitieron los hechos investigados, con lo que la fiscalía se allanó al pedido de la defensa, y con ello, finalmente el juez concedió la salida alternativa.
Boidanich era ministro durante el gobierno del ex presidente Horacio Cartes, quien consideraba “hermano del alma” a Darío Messer. Este último, actualmente, cumple una condena en el Brasil.
En nuestro país, se había procesado tanto a Darío Messer como a su hijo Dan Wolf Messer, por presunto lavado de activos, pero no se los pudo extraditar por ser ciudadanos brasileños y ese país no permite la extradición de sus connacionales.
La acusación fiscal
Según la Fiscalía, en setiembre del 2016, el Banco Continental envió a la Seprelad un reporte de operación sospechosa (ROS) de una de las empresas de Messer (Chai SA). Años anteriores ya hubo reportes similares, lo que motivó que el nuevo fuera categorizado como “de riesgo alto”.
En octubre de ese año, Messer envió una nota solicitando retirar los antecedentes y fue respondida por el propio ministro, por lo que la Fiscalía asegura que la información ya se encontraba en conocimiento de Óscar Boidanich, Raquel Cuevas y Melissa Parodi.
En noviembre del 2016, también se recibió un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Brasil, donde informaban que el cambista tenía causas en el Brasil.
Seprelad sacó luego un memorándum, mencionando los 14 casos que involucraba a Messer, pero allí no figuraba el caso Chai SA.
Desde la Dirección de Asesoría Jurídica dieron retorno y recomendaron que el informe final sea remitido al Ministerio Público.
Pese a esa recomendación, el caso ya no fue tratado por el comité evaluador, que integraban Boidanich, Parodi, Cuevas y otro funcionario de la entidad.
Recién casi dos años después, el 17 de abril de 2018 remitieron el informe al Ministerio Público, solo porque un medio periodístico comenzó a publicar nuevos datos que involucraría a Messer en Paraguay.
Llamativamente, el informe no contenía lo que recomendaron desde Asesoría Jurídica; por ello, la Fiscalía presume que habrían ocultado datos.
“Se extrajo un párrafo en el que se indicaba que las personas vinculadas al reporte (Darío Messer y Juan Pablo Jiménez Viveros) serían personas cercanas a Horacio Cartes”, sostiene la acusación.
Agrega que “también se extrajo una parte en la que el analista recomienda dar participación a la SET (hoy, Dirección Nacional de Ingresos Tributarios [DNIT]) en los trabajos de inteligencia, en atención a que la empresa reportada también estaría siendo investigada en el caso de megaevasión”.