El ex futbolista Hugo Ricardo Talavera fue denunciado por el hecho de presunta estafa, luego de haber cobrado la suma de 650.000.000 de guaraníes por unos terrenos que nunca entregó y que, incluso, no figuraban a su nombre, sino a nombre de su abogado, Juan Barba.
Según la denuncia presentada por el afectado, Manuel Jesús Irala Gamelli, bajo patrocinio del abogado Diego Mayor, el ex jugador habría realizado una operación inmobiliaria por seis lotes ubicados en la ciudad de San Bernardino, por un total de 1.050 millones de guaraníes.
Desde el inicio de la operación de compraventa, en el 2020, Talavera habría recibido un total de G. 650 millones.
Sin embargo, en un momento, el denunciado reclamó al comprador la entrega del saldo total, por lo que Irala Gamelli exigió que se formalice el traspaso de los documentos y se realice la transferencia de la titularidad, para cumplir con el pago total de la operación, lo que dio inicio a los problemas.
Esto, ya que en ese momento el comprador se enteró de que dichos terrenos no estaban a nombre de Hugo Ricardo Talavera, sino que figuraban a nombre del abogado Juan Barba desde el año 2014, quien, a su vez, era representante legal del ex jugador. Además, se constató que los terrenos estaban embargados por la Municipalidad de San Bernardino, debido a deudas de impuestos.
Ante el pedido de explicaciones por parte del comprador, el hijo del ex futbolista, también de nombre Hugo Talavera, le comunica que los terrenos, por los que ya había pagado 650 millones de guaraníes, ahora no estaban a la venta y querían devolverle nuevamente el dinero, pero que ya no contaban con dicha suma.
En ese sentido, solicitó a Irala Gamelli si podía interceder por la familia Talavera ante entidades financieras para acceder a préstamos, ya que el hombre es conocido en el rubro de las finanzas.
La familia Talavera también hizo otras propuestas, como ofrecer distintas propiedades en varios emprendimientos, como Julieta Village, DISA Emprendimientos, Hupi Constructora y Palina Village. Sin embargo, estos proyectos ni siquiera habían comenzado a construirse y algunos están suspendidos por falta de permisos municipales, o ni siquiera contaban con los permisos requeridos para la construcción, por lo que no fueron aceptados y hasta la fecha no hallan solución para la devolución total del dinero desembolsado.
