La fiscala Fátima Girala imputó por liberación de presos a Añazco y al funcionario penitenciario Héctor Darío Franco Vitale. El caso ocurrió hace nueve meses cuando Luis Héctor Morínigo Cantero salió de Tacumbú y fue expulsado a Argentina, teniendo encima una condena de 30 años por coacción sexual y violación, que se cumplía en 2040.
Esta liberación habría ocurrido “por error” porque los ahora imputados no tenían conocimiento acerca de la existencia de un tercer expediente en el que constaba una condena en ejecución, condición que impide la liberación y expulsión de un ciudadano extranjero.
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De acuerdo con la investigación, cuando se desempeñaba como jefe del Departamento de Asistencia y Tratamiento de la División de Asuntos Judiciales de la Penitenciaría de Tacumbú, Franco Vitale comunicó que no había condenas pendientes en el legajo de Morínigo, mientras que Añazco aprobó su trasladado el 14 de abril de 2023 al Departamento Judiciales de la Policía Nacional para hacer efectiva su liberación.
Posteriormente, Morínigo fue llevado hasta la Oficina de Migraciones en Aduanas de Puerto Falcón para su expulsión al territorio argentino, de donde es oriundo.
Más tarde se comprobó la irregularidad, pues Morínigo contaba con una condena de 20 años de encierro, más 10 años como medida de seguridad por coacción sexual y robo agravado, conforme a la sentencia definitiva, la pena debía ser compurgada en el 2040. Es decir, fue liberado 17 años antes.
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De acuerdo a los funcionarios, no contaban con este expediente y por eso siguieron el proceso de liberación. En julio del año pasado fue recapturado en Argentina, luego de un pedido hecho a la Interpol.
Morínigo considerado como autor de varios hechos punibles cometidos en la ciudad de Itáy había sido puesto en prisión preventiva en 2010.
