LA PAZ
La Fiscalía de Bolivia ordenó este miércoles la captura del ex presidente Evo Morales (2006-2019), acusado de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado y otros delitos por su presunta implicación en las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La orden, dictada por el fiscal Brayan Melgar y confirmada a EFE por una persona cercana al ex mandatario, también atribuye a Morales los presuntos delitos de atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
Durante siete semanas, entre mayo y junio, campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron bloqueos de carreteras, principalmente en el occidente y el centro de Bolivia, con el respaldo de grupos afines a Morales, para exigir la renuncia del presidente Paz como “única demanda”.
Los bloqueos provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades, dejaron al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por la falta de atención médica oportuna debido a los cortes de vías, y ocasionaron pérdidas económicas superiores a 3.000 millones de dólares.
La denuncia fue presentada a principios de julio por los líderes cívicos de Santa Cruz, la región más poblada y el motor económico de Bolivia, a la que posteriormente se sumó el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo.
MÁS INVOLUCRADOS. La acción legal también incluye al máximo dirigente de la COB, Marco Argollo, y el principal líder de los campesinos de La Paz, Vicente Salazar. El ex presidente Morales niega haber promovido la renuncia de Paz. No obstante, el 24 de mayo escribió en la red social X que el mandatario tenía solo “dos caminos” ante los conflictos, “militarizar” el país o llamar a elecciones en los próximos 90 días. Morales permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical, custodiado por centenares de sus seguidores para evitar que se cumpla una orden de captura en su contra por una investigación por trata agravada de personas. En ese caso, el ex mandatario está acusado por su presunta relación con una menor de edad con la que supuestamente tuvo una hija mientras fue presidente en 2016.
