El programa, una de las insignias de la Administración anterior presidida por Donald Trump, fue derogado por el Gobierno de Joe Biden, pero un juez federal ordenó reanudarlo, y desde entonces EEUU ha estado negociando con el Gobierno mexicano sobre los parámetros en los que volvería a implementarse la iniciativa.
Aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) aseguró haber hecho cambios para dar mayores garantías, los defensores de los migrantes no creen que serán suficientes. “Es probable que los migrantes enfrenten desafíos similares a los que enfrentaron cuando se implementó por primera vez”, dijo a Efe Jessica Bolter, analista del Instituto de Política Migratoria (MPI). En este sentido, Kennji Kizuka, analista e investigador de Human Rights First (HRF), advirtió que sin importar la forma en que la Administración Biden “trate de adornar” el nuevo MPP “no hay forma de realizar la implementación de manera humana y segura”.
Según esta organización, en los primeros siete meses de la administración Biden se contabilizaron hasta 6.356 informes de ataques contra migrantes expulsados o bloqueados. “Al restablecer esta medida habrá más secuestros... más violencia contra las familias que tratan de buscar seguridad en EEUU”, indicó Kizuka. EFE
