“En nombre de estas personas en que la Justicia debía haber velado por ellas, desde este Tribunal les pedimos disculpas por lo que el sistema judicial les hizo”. Con esta contundente frase, la jueza Claudia Criscioni, presidenta del Tribunal de Sentencia, pidió perdón a todas las víctimas de Ramón González Daher (RGD), condenado a 15 años de prisión por los delitos de usura, lavado de dinero y declaración falsa. Con estas disculpas oportunas, condenó también a fiscales y jueces que traicionaron su misión de proteger a las víctimas al formar parte de la gavilla luqueña que despojó a miles de personas de sus bienes, su dignidad, su futuro, su supervivencia misma.
Esta sentencia fue el epílogo de la caída estrepitosa tras el largo reinado del clan González Daher, una mafia que manejó una ciudad y el sistema jurídico institucional a su antojo gracias a su poder económico y político.
La pata fundamental del esquema estaba sostenida por el hoy fallecido Óscar González Daher (ANR). Abusando de su rol de legislador consolidó la estructura criminal integrando el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y colocándose a la derecha de todo presidente de la República desde 1998. Desde el cargo clave de “garrotero” judicial, supo someter a fiscales y jueces, muchos de ellos víctimas, otros tan corruptos como él que se aprovecharon del nexo político para escalar o rehuir responsabilidades, y la mayoría pusilánimes que no se atrevieron a enfrentar al poder omnímodo por no perder sus cargos y privilegios. Algo que debe llamar a una profunda reflexión al gremio de fiscales y jueces, elegidos justamente para enfrentar a corruptos y criminales. El coraje es un requisito indispensable e ineludible para ejercer ambos cargos.
LOS INICIOS. Luego de dos décadas de reinado absoluto, los cimientos del clan empezaron a resquebrajarse en 2017 con los audios filtrados que probaron el tráfico de influencias y el apriete a fiscales, jueces y a cuanto adversario se les cruzaba en el camino. Fue el primer expulsado del Senado, pero su poderío electoral en Luque y su enorme fortuna le dieron un lugar privilegiado en la lista cartista siendo reelecto en el 2018. Acorralado por la Justicia y la valiente presión ciudadana, se vio obligado a renunciar a su banca ese mismo año, porque también sus amigos políticos le soltaron la mano. Fue condenado a 7 años de prisión por enriquecimiento ilícito y declaración falsa. Mordió el polvo de la cárcel, acompañado de su hijo. Ya en libertad condicional, murió el 21 de octubre. De esta manera, su hermano Ramón perdió el apoyo político que su hermano mantenía en forma residual y que pretendía regenerarse, como pudo verse en la elección de su hijo como concejal.
VALIENTES, A MEDIAS. El caso del clan (en su acepción mafiosa) muestra descarnadamente la debilidad del sistema judicial, que se animó a ponerle la mano encima al entonces senador recién después del escándalo de los audios. Todos sabían que hace décadas se dedicaban al apriete institucional y a acumular fortuna a través del despojo de la usura. El fiscal Osmar Legal señaló que durante un allanamiento se incautaron casi 5.000 cheques que servían como garantía de los préstamos. Algunos datan de 1990. Es decir, el Ministerio Público empezó a investigarlo cuando estaba en franca decadencia.
El Estado mafioso tiene esa capacidad de autodepuración. Cuando la manada está en peligro, entrega a uno de los suyos para salvarse y así mantener la supervivencia.
Sin dudas, en este epílogo hay que destacar que la presencia discreta pero incómoda de Brian Skaret en la sala de juicios revela que el Norte sigue desconfiando del sistema judicial. El asesor legal residente del Departamento de Justicia de EEUU también había observado el juicio de Óscar González Daher.
BOCANADA DE AIRE. La sentencia del tribunal presidido por Claudia Criscioni e integrado por Yolanda Morel y Yolanda Portillo (las dos últimas también habían integrado el tribunal que condenó al ex senador) es un oxígeno ante tanta corrupción y desesperanza. Y que haya otorgado la pena máxima para el delito de usura también habla del buen trabajo de la Fiscalía.
Sin embargo, ni la fiscala general del Estado, ni el Jurado de Magistrados ni la Corte Suprema pueden fingir demencia luego de esta sentencia. RGD presentó 156 denuncias por estafa. Su principal teatro de operaciones del apriete fiscal fueron Luque y otras unidades del Departamento Central. Hay una treintena de fiscales que deben explicar sus acciones, y seguramente varios jueces también.
Para que se fortalezca el sistema de Justicia, este caso no debe concluir poniendo tras las rejas al usurero, mentiroso y lavador, sino también a todos los fiscales, jueces y cómplices políticos que integraron esta perversa mafia que no solamente generó una industria del dinero sino corrompió todo a su paso. Solamente así no deberá volver a ocurrir un caso similar en un Estado de Derecho.
