Tras los motines en las cárceles de San Pedro y Tacumbú, que involucraron a sindicados como integrantes del Primer Comando Capital (PCC) y el clan Rotela, la directora de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público, Alejandra Peralta, recordó que es responsabilidad del Estado que este tipo de conflictos no ocurran.
Mencionó que, justamente, los enfrentamientos suceden porque no existen acciones preventivas para evitar las situaciones lesivas.
“El Estado actúa como garante y tiene la obligación, no solamente de evitar que sus agentes públicos, penitenciarios, o la Policía apliquen lesiones corporales o infrinjan tortura, sino también evitar que ocurran este tipo de hechos entre bandas”, expresó en comunicación con Monumental 1080 AM.
Peralta mencionó que este tipo de situaciones se dan por un problema en las penitenciarías que tiene que ver con la necesidad de cárceles de máxima seguridad, la falta de presupuesto y personal en las cárceles, además del abuso del uso de las medidas preventivas.
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“Esta es una crisis que tenemos a nivel país y tenemos que tomarla con seriedad. Tenemos que tener la posibilidad de revisar la legislación porque es un problema bastante complejo”, expresó.
Según el último dato publicado en la web del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), entre el 2013 al 2016, se registraron 166 muertes bajo custodia en penitenciarías y centros sociales por diferentes causas.
El 50,1% de las muertes ocurrieron antes de que la persona cumpla los dos primeros años de privación de libertad, la mayoría menores de 35 años.
