El informe del Ministerio de Hacienda sostiene que en los 11 meses de este año, la Dirección General del Tesoro Público (DGTP) desembolsó un poco más de G. 249.281 millones (USD 39,6 millones en el cambio actual) para pagar las facturas de ANDE (Administración Nacional de Electricidad), Essap (Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay), y Copaco (Compañía Paraguaya de Comunicaciones), por el uso de estos servicios en las distintas entidades del sector público.
De acuerdo a los datos oficiales del fisco, el 64,4% (USD 25,5 millones) de todo ese monto total desembolsado -USD 39,6 millones- fue para pagar a la ANDE; el 19,1% (USD 7,6 millones) para honrar los compromisos con la Essap, y el 16,5% (USD 6,5 millones) para abonar por el uso de la línea baja a Copaco.
Al realizar un cálculo rápido, el Estado gastó –en estos 11 meses del año– un promedio de G. 22.661 millones (USD 3,6 millones) mensuales, que equivalen a un gasto promedio semanal de G. 5.665 millones (USD 902.146).
El Ministerio de Hacienda es el encargado de pagar directamente por los servicios de luz, agua y teléfono. Esta medida fue tomada por la cartera económica para asegurarse el cumplimiento de los compromisos con la ANDE, Essap y Copaco.
Desde hace unos 15 años aproximadamente, el Estado arrastra una deuda histórica con las mencionadas empresas públicas, monto que ascendería a unos USD 50 millones. Este pasivo se acumuló debido a que las entidades públicas -pese a las transferencias realizadas por el Ministerio de Hacienda a las mismas- decidieron no honrar sus compromisos.
Reducir gastos. El ex ministro de Hacienda, Santiago Peña, durante la presentación de las proyecciones económicas de Basanomics el pasado martes, recomendó al Ministerio de Hacienda apostar en el 2020 por la contención del gasto corriente, para poder tener un mayor margen con los ingresos tributarios y destinar esos recursos a inversión.
Peña cuestionó el importante crecimiento del gasto corriente este año, pese a la recesión económica experimentada en el país durante el primer semestre de este año.
Sin embargo, explicó que ese incremento en el gasto se debería principalmente a los límites establecidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), ya que la misma limita la ejecución del presupuesto en año de electorales, dando la posibilidad de poder disponer de esos recursos el año siguiente.
Otro que criticó el manejo y distribución de los recursos públicos fue Sebastián Acha, director de Pro Desarrollo Paraguay.
El mismo afirmó que, por ejemplo, el gasto en fotocopias, papeles y cartones tiene un presupuesto de G. 81.000 millones al año, mientras que el presupuesto del Ministerio de la Niñez y Adolescencia es de G. 74.000 millones.
En ese mismo sentido, cuestionó el gasto en concepto de reaseguros, un beneficio que goza un grupo selecto de funcionarios públicos, y también los recursos destinados cada año a Cañas Paraguayas SA (Capasa), pese a la poca rentabilidad que tiene misma.
