A su criterio, el procurador general de la República, quien debe velar por los intereses patrimoniales del Estado, primeramente deberá solicitar una medida cautelar de prohibición de innovar y pedir la posesión de las tierras, es decir, que el juez permita al Estado ingresar a las propiedades.
Además, agregó que el procurador deberá encarar un juicio de reivindicación donde se probará que el Estado es el legítimo propietario y que los ocupantes actuaron de mala fe. Explicó que se considera de mala fe al poseedor que conoce o debe conocer la ilegitimidad del título de propiedad.
Indicó que el problema para los ocupantes está en “la mala fe” y el procurador tendrá que probar que los ocupantes sabían que la propiedad pertenece al Estado.
Destacó además que las mejoras millonarias que realizaron los ocupantes no podrán ser devueltas por el Estado.
En el mismo juicio, el procurador deberá pedir los frutos naturales y civiles y además la reparación de los daños. Es decir, si existe alguna producción agrícola o si se produce alguna renta de las propiedades, se deberá dar al Estado.
El abogado destacó que los bienes del Estado son imprescriptibles, es decir es imposible para los ocupantes usucapir, que es una forma de adquirir derechos reales a través de la posesión de la propiedad durante un tiempo determinado por la ley, como es el caso de ocupantes de propiedades privadas.
Cabe recordar que las senadoras Celeste Amarilla y Yolanda Paredes encendieron la voz de alarma sobre la desafectación de costosas tierras en Villa Hayes que pertenecen al Ministerio de Defensa.
Entre los ocupantes hay jueces, ganaderos, políticos y empresarios conocidos y empresarios menonitas. Santiago Peña anunció que vetará la polémica ley.
