Opinión

Estado debe garantizar el periodismo en la frontera

En medio de la conmoción social por el asesinato de un comunicador en la frontera, la fiscala Katia Uemura, encargada de investigar el caso, se atreve a culpar a la víctima argumentando que Humberto Coronel "se regaló" al sicariato, cuando el colega, en realidad, alertó de la amenaza de muerte que recibió ya en junio pasado.

Lida Duarte Por Lida Duarte

Junto con Gustavo Báez, otro trabajador de radio Amambay 570 AM, dieron aviso al Sindicato de Periodistas del Paraguay, gremio que a su vez pidió protección para los comunicadores en todas las instancias estatales, incluyendo la Mesa para la Seguridad de Periodistas, articulada junto con instituciones del Estado.

Humberto trabajaba en un medio radial que ya sufrió atentados al igual que la familia propietaria: los Acevedo, de tracción liberal. En este clan, primero fue víctima mortal la hija del gobernador de Amambay, Ronald Acevedo, y luego su hermano, el intendente de Pedro Juan Caballero, Juan Carlos Acevedo, mientras que el diputado Robert Acevedo, quien falleció de Covid-19 en el 2021, también fue víctima de atentados anteriormente.

El mismo medio había sido atacado en varias ocasiones, incluso con una granada, pero aun así los organismos de seguridad no reforzaron la seguridad para los trabajadores y trabajadoras. En el 2014, Fausto Gabriel Alcaraz, también comunicador de radio Amambay, murió en las mismas circunstancias que Humberto; un sicariato perpetrado a bordo de una motocicleta, pero entonces tampoco se elaboró un protocolo especial.

Suman ocho los asesinatos de periodistas solo en el Departamento de Amambay de una veintena de casos que registra la Mesa para la Seguridad de Periodistas. Además de Humberto y Gabriel fueron víctimas Leo Veras, de Ponta Pora News y colaborador del diario ABC Color, fue asesinado en el 2020 en Pedro Juan Caballero; Gerardo Servián, de radio Ciudad Nueva, fue atacado en Zanja Pytá en el 2015; Marcelino Vázquez, de la emisora Sin Fronteras, fue acribillado en el 2003; Carlos Artaza, fotorreportero de la Gobernación de Amambay, fue atacado por sicarios en el 2013; Samuel Román, de la radio comunitaria Conquista FM, fue víctima de 13 balazos de parte de tres sicarios en un ataque registrado en el 2004, y el emblemático caso de Santiago Leguizamón, propietario de radio Murucuyá.

En su mayoría, los homicidios no fueron investigados seriamente como el de Leguizamón, que ya que se encuentra en instancias internacionales ante la ineptitud del Estado o falta de voluntad para hacer justicia.

FRONTERA VULNERABLE. Las ciudades fronterizas están secuestradas por el crimen organizado y quienes intentan levantar la voz son silenciados. Esta situación no solo denuncian pobladores y pobladoras o trabajadores y trabajadoras de prensa, hasta el propio informe de Gafilat recogió evidencias sobre la vulnerabilidad de las fronteras, así como la falta de respuesta ante los casos de lavado de dinero, haciendo alusión a la Fiscalía y al Poder Judicial. De esta manera no solo está en riesgo la seguridad física de las personas, el derecho a la libre expresión o acceso a la información, sino también está en juego toda la economía paraguaya, de la cual depende la población en general.

De momento es imposible ejercer el periodismo en Amambay, lo advirtió el secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay, Santiago Ortiz, quien se reunió ayer por más de dos horas con el ministro del Interior, Federico González, y con el comandante de la Policía Nacional, Gilberto Fleitas.

En medio de excusas por la falta de recursos humanos y económicos, las autoridades finalmente se comprometieron a responder con más agilidad a los pedidos de protección y a ampliar la presencia policial en Pedro Juan Caballero. Si estas promesas se cumplen, estarán protegiendo a otros comunicadores de la frontera y, en especial, de radio Amambay, donde hay más amenazas de muerte.

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