Miguel González Bibolini, director de la Unidad General de Derechos Humanos de la Cancillería, destacó la importancia del preacuerdo firmado como expresión de la voluntad de reparar una violación cometida por agentes del Estado al tiempo de sentar un precedente para evitar la repetición de hechos de esta naturaleza.
Por su parte, Andrés Ramírez, director de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, pidió disculpas a los familiares de Blanco, quienes también participaron de la reunión.
Agripino Agüero, uno de los familiares, añadió que con este reconocimiento de culpas y reparación el Estado reconoce también que el reclamo del sector campesino era justo. También expresó su satisfacción de llegar a este acuerdo después de trece años.
Por último, Óscar Ayala Amarilla, secretario ejecutivo de la Codehupy, resaltó la voluntad de cerrar el arduo proceso para hacer cumplir las medidas de reparación en el caso.
De igual manera lamentó que los tiempos de la burocracia estatal no se compadezcan con el derecho de las víctimas. Acotó además que hasta el mejor de los acuerdos queda corto cuando se trata de la pérdida de una vida humana.
El dirigente campesino Eulalio Blanco fue ejecutado por la Policía en junio de 2003 durante una protesta de cedroneros en el cruce de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro.
