Un contundente informe sobre contrabando fue presentado por el senador del Frente Guasu Jorge Querey, quien preside la Comisión Bicameral de Investigación (CBI). En el reporte, el legislador exhibió varios videos del modus operandi de los contrabandistas que actúan en connivencia con una red de coima de funcionarios aduaneros y militares de la Armada Paraguaya.
Las grabaciones de circuito cerrado desnudan el modo en el que es coordinado el ingreso de productos ilegales al territorio nacional a cambio de coimas, las cuales, según el senador, oscilan entre G. 150.000 y G. 3.000.000. La Comisión consideró el adelanto del informe sobre el contrabando para que del mismo se pueda iniciar otra investigación, esta vez sobre los jefes institucionales de estas roscas y los comerciantes involucrados.
Jorge Querey anunció también que en la segunda quincena de octubre será entregado el informe final de la Comisión Bicameral de Investigación al lavado de dinero y otros delitos conexos. Los resultados de esta investigación ya fueron presentados a la Fiscalía y están en manos de un juez.
El comandante de la Armada Paraguaya, Carlos Velázquez, admitió a Monumental 1080 AM que esta “es una estructura que es superior a la que tenemos”, y que el contrabando representa una lucha diaria para la Armada Paraguaya, sin embargo no descartó que haya personal militar involucrado. Carlos Velázquez es hermano del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, señalado significativamente corrupto recientemente por el Gobierno de los Estados Unidos.
Al mismo tiempo, surgió la información sobre un nuevo esquema que utiliza a la Justicia para cometer estafas, uno muy similar al que desarrolló el clan luqueño González Daher. La denuncia fue realizada ante el ministro de la Corte Suprema, Eugenio Jiménez, e involucra a abogados, rematadores, jueces, fiscales, escribanos y hasta a funcionarios de Registros Públicos.
Una de las víctimas denunció a quien sería el prestamista, a quien acudió para poder solventar las deudas que quedaron tras la larga enfermedad de su marido. La misma prestó unos G. 1.500 millones para pagar la deuda en el 2012 y el prestamista puso como condición abrir la sucesión de su esposo, pero con sus abogados, quienes con engaños le hicieron firmar una cesión de derechos. Diez meses después, cuando quiso pagar la deuda, el prestamista le dijo que eran G. 5.000 millones, unos intereses del 416% aproximadamente. El prestamista se negó a recibir el dinero y poco después comenzaron a constatar que ya había dispuesto de varias de las propiedades de la familia.
El nuevo esquema es similar al utilizado durante décadas por el clan González Daher, según explicó la abogada de la víctima: usan pagarés falsos para cobrar deudas, además de remates judiciales amañados, e incluso tienen nueve empresas que figuran en la Subsecretaría de Estado de Tributación que se presentan en los juicios. Se contarían unas mil víctimas, pero no todas tienen la confianza para realizar la denuncia.
Es muy grave que los ciudadanos no confíen en el sistema, porque esto supone que tampoco se cree en el imperio de las leyes ni en la Justicia. Cuando instituciones que deberían combatir el contrabando pasan a formar parte del esquema organizativo; y cuando una rosca judicial roba propiedades a personas que se encuentran en situaciones frágiles, es momento de decidir si como país vamos a permitir que el sistema mafioso gobierne, o bien decidimos reforzar las instituciones, depurarlas y apostar por el sistema democrático, donde realmente imperen la igualdad y la justicia.