Daniel Báez fue intendente de J. Augusto Saldívar y está imputado por un perjuicio patrimonial de G. 1.072.426.954.
Es el esposo de la diputada López, de quien depende la aprobación del juicio político a la fiscala Sandra Quiñónez.
El caso está en manos del Ministerio Público que debe definir si se lleva a juicio oral.
El ex intendente fue imputado en setiembre del 2019, por lesión de confianza, en calidad de autor, por el fiscal Luis Piñánez.
Los otros delitos citados son apropiación, exacción y apología del delito. En su momento la denuncia fue presentada por pobladores y por la Junta Municipal.
Daniel Báez también fue imputado en mayo por la fiscala Sandra Ledesma por desacatar la orden judicial de eliminar los afiches de las calles.
La Fiscalía sostiene que las operaciones realizadas en los años 2015, 2016 y 2017 en concepto de construcciones, combustibles y lubricantes con fondos de royalties, así como los gastos realizados en construcciones en las escuelas públicas y almuerzo escolar con los fondos de Fonacide, son el daño patrimonial que suman más de G. 1.000 millones.
Denuncia. Los pobladores del asentamiento 12 de Noviembre, de J. Augusto Saldívar, donde viven unas 100 familias, presentaron también una denuncia contra la diputada llanista por una estafa que involucra una propiedad que se encuentra en juicio de sucesión.
Según los afectados, viven en el lugar desde hace más de cinco años y llegaron a un acuerdo con Daniel Báez, y pagaron alrededor de G. 1.500.000 mensualmente por la propiedad e ingresaron al predio. De acuerdo con la denuncia formulada, este año llegaron representantes de la diputada María de las Nieve López y les exigieron nuevamente el pago de G. 1.500.000, más G. 600.000 en 130 cuotas,
“En realidad, son vecinos míos. Hace casi tres años, ellos entraron en esa propiedad. Desde el principio yo procuré por ellos y lastimosamente me están tratando de estafadora”, mencionó López al hacer su descargo.
Sostuvo que hay documentos para demostrar que no es una estafadora. Sin embargo, reconoció que compró la propiedad y exige el pago a los ocupantes.
“Es cierto, hice un préstamo, justamente por ellos y hasta hoy día se pasan ellos creyendo a gente extraña que ni siquiera tiene conocimiento en qué situación está el terreno”, explicó y agregó que existe un saldo que se adeuda a la propietaria.
