María Victoria Cáceres de Paiva, esposa de Juan Pío Paiva, principal condenado por la tragedia del Ycuá Bolaños, solicita levantar la mitad de un embargo trabado en una de las causas de reparación del daño, como consecuencia de lo ocurrido aquel fatídico 1 de agosto del 2004.
La presentación la hizo a través de los abogados Luis Escobar Faella y Raúl Netto Parodi, en el procedimiento de reparación del daño promovido por Cristhian Aurelio Velázquez, quien además de tener lesiones perdió a su esposa y tres hijos.
La presentación fue hecha ante el juez de Sentencia, Blas Cabriza, titular del Tribunal que juzgó la causa, tras la salida de los otros magistrados luego del fallo.
EL PEDIDO. María Victoria Cáceres señala que contrajo matrimonio con Juan Pío Paiva Escobar el 1 de setiembre de 1979. Que, durante los años de casados, compraron varios inmuebles, que forman parte del patrimonio ganancial de ambos.
En su pedido, explica que el 28 de diciembre del 2007, por la escritura pública pasada ante la escribana Carmen Rodríguez, transfirió, junto con su esposo, cuatro inmuebles a la empresa Pety SA.
Estas transferencias se hicieron durante el juicio oral que los juzgó por la tragedia del Ycuá Bolaños, cuando se levantaron parcialmente los embargos para la venta de los inmuebles.
Indicó que fue depositado el saldo del precio, que era de 188 mil dólares, en la cuenta del juicio donde se juzgaba justamente la tragedia del Ycuá Bolaños.
Cáceres alega que en el citado juicio ella fue absuelta de culpa y pena, por lo que se levantaron todas las medidas cautelares que pesaban sobre ella como procesada.
Sin embargo, apunta que se le entregaron algunos fondos antes embargados, pero no ocurrió lo mismo con la citada cuenta. Por eso, solicita que se levante parcialmente el embargo, por la suma de 94 mil dólares.
TRÁMITE. En el caso, ya se corrió traslado a la otra parte, para que luego el Tribunal de Sentencia pueda dictar resolución acerca del levantamiento parcial del embargo, en el procedimiento de reparación del daño.
Durante el juicio oral se había levantado el embargo, con el argumento de que supuestamente era para la venta de los inmuebles, que serviría para indemnizar a los familiares de las víctimas.
El caso ahora cumplirá 10 años y hasta ahora siguen los procedimientos para reparación del daño a las víctimas.