El legislador cartista anunció que su proyecto tiene como objetivo recuperar el dinero robado de la Administración Pública y paralelamente reducir el tiempo de condena del funcionario que ha cometido el hecho.
A su criterio quien obra en perjuicio del erario público es “un error” administrativo y un delito económico no grave.
Además no tuvo mejor argumento para defender su proyecto que definir a los corruptos como personas no peligrosas para la sociedad. “A los corruptos, hay que darles una oportunidad, porque no son peligrosos”, argumentó.
De este modo, prácticamente normalizó la corrupción, restando elementos para que la Justicia sea dura ante hechos que perjudican lo público.
Premio. Para el diputado Raúl Benítez, la propuesta de su colega es más un premio para el que ocasionó lesión de confianza que una intención para recuperar dinero que se robó al Estado.
“La lesión de confianza tiene una expectativa cuanto menos de cero a cinco años con una multa. Imaginate si nosotros planteemos una ley que pueda reducir el 50% de eso; es decir, una persona que tenga una pena de tres años, debería cumplir solo uno y medio solo porque devuelve la plata”, cuestionó el diputado del PEN.
Expresó que además no se reduce en nada el perjuicio al Estado, teniendo en cuenta que un juicio para quien cometa un acto de corrupción genera un juicio y, por ende, un gasto en este sentido.
“Genera todo un gasto cuando que el Estado tuvo que hacer todo un juicio, todo un gasto alrededor de este tipo de casos que encierra el manoseo al dinero público, para que encima otra vez la persona quede impune”, sentenció.
Alertó que, al contrario de lo que dijo el proyectista, el proyecto no contempla que quien haya sido acusado no puede ingresar de nuevo a la función pública.
“Es más un incentivo al manoseo del erario público”, manifestó Benítez.
Cuestionó además que ahora que los oficialistas tienen la absoluta mayoría busquen leyes a medida ante hechos de corrupción.
Las comisiones en las que están en estudio la presente iniciativa parlamentaria decidieron por el momento no emitir en la fecha su dictamen al respecto y decidieron solicitar dictámenes técnicos a diferentes ministerios a fin de ampliar el debate con relación a esta propuesta legislativa.
Otros. Además de este proyecto, figuran en el orden del día varios proyectos de ley, en especial, los que persiguen aumento presupuestario.
Los diputados considerarán, igualmente, el proyecto de ampliación presupuestaria para el ejercicio fiscal 2023 de la Gobernación de Itapúa, que asciende a la suma de G. 223.609.005. Igualmente se tratarán modificaciones a la Ley de la Producción y Transporte Independiente de Energía Eléctrica.
