El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas transmitió al Estado paraguayo su preocupación porque el país aún no cuenta con un mecanismo legal que garantice la obtención del consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas con relación a la toma de decisiones que pudieran afectar el ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales.
También porque todavía no reconoció legalmente el derecho que tienen los pueblos indígenas a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales y que no se haya creado un mecanismo eficaz de reclamación de tierras ancestrales.
Estas y otras preocupaciones se encuentran en un documento emitido el 6 de marzo, luego de ser examinado el país sobre los avances en la implementación de los tratados de derechos civiles y políticos, y sobre derechos económicos, sociales y culturales.
Un ejemplo actual y concreto de que en Paraguay no se toma en cuenta el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas es el proyecto de ley “Por el cual se modifica el artículo 18 de la Ley Nº 904/1981 Estatuto de las Comunidades Indígenas”, presentado por seis senadores.
Una propuesta que, según los indígenas, no ha sido consultada con ellos y que, encima, responde a intereses que no son suyos.
La iniciativa parlamentaria pretende legalizar el alquiler de las tierras a sojeros, ganaderos o madereros, como de hecho está ocurriendo en varias comunidades, como resultado de engañosos tratos que solo benefician al cacique o líder.
Este tema representa una gran preocupación para el Indi y fue varias veces puesto en agenda durante el Primer Congreso Nacional de Mujeres Indígenas del Paraguay, el año pasado, debido a que está provocando serios conflictos en las comunidades. Un problema derivado del abandono por parte el Estado.
Los indígenas que, según el censo, suman apenas 113 mil en el Paraguay son el grupo más desprotegido del país.
Tan escasa relevancia se les otorga desde el mismo Estado, que ni siquiera se los toma en cuenta en el momento de tomar decisiones que les afecten. Están minusvalorados por el propio sistema.
“Las tierras podrán ser utilizadas de manera racional, conforme lo decida la comunidad, para garantizar la sustentabilidad de la tenencia de la tierra y un adecuado modo de vida de las comunidades indígenas”, dice parte del párrafo que los senadores proponen agregar al artículo 18 de la Ley 904, para habilitar a la explotación todas las tierras indígenas.
Pese a todas las necesidades que padecen, los pueblos originarios siguen siendo los mejores maestros para enseñarnos sobre el valor de la tierra, el manejo sustentable de los recursos naturales y el respeto al medioambiente. Lástima que ni siquiera se los escucha.
