En la fecha se cumple el primer mes del asesinato del fiscal especializado en el Crimen Organizado, Marcelo Pecci, y se puede decir sin temor a equívocos que las autoridades colombianas han dado una lección de competencia a las nuestras, ya que muy eficientemente han sido identificados y detenidos varios de los autores materiales del atroz crimen.
El martes 10 de mayo, en horas de la mañana, el agente fiscal Marcelo Pecci se encontraba con su esposa, la periodista Claudia Aguilera, en la playa, disfrutando de su luna de miel. La playa en la que se encontraban es explotada por el hotel internacional Decameron en la isla de Barú, distante a unos 45 minutos de Cartagena. Los sicarios usaron una moto acuática para llegar hasta la playa y acabar con la vida del agente fiscal.
Un video publicado por RCN Noticias de Colombia informaba que el asesinato se gestó desde que los responsables del crimen supieron de la presencia del fiscal y su esposa en aquel país y que la suerte del fiscal se habría decidido en una plaza de la localidad de Envigado unos días antes. También explicaba el material periodístico que cinco hombres y una mujer se reunieron para planificar el crimen y que luego de la reunión, estos partieron en tres grupos y por diferentes vías hasta el sitio donde estaba el fiscal. Una pareja estaba encargada de seguir los pasos y se hospedaron en el mismo hotel. Como resultado de la investigación se sabe ahora que más de 60 llamadas se intercambiaron entre las personas que vigilaban al fiscal y los demás miembros de la banda.
Hasta el momento solo existen conjeturas respecto a quiénes podrían ser los autores intelectuales del atentado, aunque claramente al haber llegado hasta autores materiales abre una puerta importante para llegar a los autores intelectuales.
Los expertos describen como gobernanza criminal, a la forma en que los grupos criminales someten a la ciudadanía y al Gobierno al miedo, convirtiéndose de esta manera en los que imponen las reglas y condicionan nuestras formas de ser. Con el crimen del fiscal Pecci, el mensaje enviado por los delincuentes fue: “Nosotros mandamos donde sea”. Es de esperar que el mensaje enviado por el crimen organizado sea interpretado adecuadamente por las autoridades.
En el Paraguay se deben fortalecer las instituciones, de otra manera esta guerra estará perdida antes de comenzar. Uno de los aspectos a mejorar es, sin lugar a dudas, que se requiere de mayor inversión, se deben invertir en tecnología y otros recursos que permitan que se pueda llevar adelante el combate al crimen organizado.
Se sabe de la importancia que ha adquirido nuestro país en el siniestro negocio del narcotráfico al convertirse en un punto estratégico para el tráfico. Los volúmenes de droga incautados en los últimos meses lo señalan, pero también lo señala el aumento de la violencia. Los datos de casos de sicariato y muertes por encargo han ido en aumento: en enero se registraron 27 casos, en febrero 14, en marzo 16 y en abril también 16 hechos del mismo tipo. El mayor porcentaje, alrededor de un 67%, se registra en el Amambay, mientras que cerca de un 20% ocurre entre Central, Concepción y Canindeyú. Estos casos son una declaración de parte del crimen organizado a las autoridades.
No es aceptable la resignación ante la violencia y el crimen. Las autoridades de nuestro país tienen el mandato de hacer justicia el atroz crimen de Marcelo Pecci, y al mismo tiempo deben ser capaces de ponerle freno al avance del poder del narco en la sociedad y en la política. Basta de complacencia de parte de autoridades policiales, judiciales, políticas y militares, necesitamos ver los signos de esperanza, los de la institucionalidad y la transparencia.
