Esto presenta problemas éticos, políticos y económicos. Significa que la deuda terminará siendo pagada por generaciones que no necesariamente se beneficiaron con las inversiones realizadas con esos recursos. La situación se agrava si consideramos que el 70% de las recaudaciones tributarias provienen de impuestos indirectos que se sabe son injustos por su regresividad.
Si se analizan las obras de infraestructura financiadas con deuda se puede observar que muchas de ellas no tendrán un efecto multiplicador importante en el bienestar de la gente, mientras que se dejan de lado obras que benefician de manera directa y sustancial a la calidad de vida, como los desagües y el acceso a agua en red en Asunción y Central, donde viven dos millones de personas.
En términos políticos significa tener logros de gestión sin haber asumido la responsabilidad del financiamiento. No está bien contar con recursos para cumplir promesas de campaña y dejarle sin espacio fiscal y traspasar el conflicto redistributivo a las siguientes gestiones. En algún momento será necesaria una reforma tributaria para pagar la deuda. Mientras una gestión tendrá un rédito positivo por las obras, otra gestión deberá asumir el costo político del pago.
Las decisiones en torno al uso de la deuda tienen fuertes connotaciones éticas, no se quedan en meros indicadores económicos o políticos. La respuesta de a quién beneficia la deuda y quiénes la terminan pagando o sufriendo las consecuencias negativas de una deuda contraída sin capacidad de repago no es un dato estadístico. La evaluación de lo que está bien o está mal tiene un contenido ético. Si bien el endeudamiento ocasionado por la pandemia es un caso muy particular, de igual manera es necesario evaluar con criterios de eficiencia y equidad. La corrupción e impunidad en las compras públicas es la primera gran crítica ciudadana al uso de los recursos de la deuda. El Gobierno no pudo controlar ni penalizar, aunque sea administrativamente los actos de corrupción.
El segundo punto radica en la baja ejecución de los recursos dirigidos al fortalecimiento del sistema de salud, situación que acabó en la falta de insumos y en los elevados gastos de bolsillo. El tercer punto tiene que ver con la equidad. Un análisis rápido de la ejecución de estos fondos muestra que una parte importante se destinó a funcionarios públicos, policías y militares, lo cual amerita un análisis pormenorizado. No se trata de limitar derechos, pero sí de que el ejercicio del derecho de una minoría no se sostenga con privilegios que niegan derechos a la mayoría.
Estos tres factores están poniendo en el límite a la confianza ciudadana y legitimidad política. No hay sociedad que avance social y económicamente con una ciudadanía que no cree en sus gobernantes y menos aún con altos niveles de corrupción o impunidad. Una mala gestión de la deuda puede abrir la puerta a una situación de ingobernabilidad política muy peligrosa para el país.