Por eso, a su criterio, “la debilidad de nuestras instituciones es el principal desafío a trabajar en los próximos 15 años, y debería ser el faro sobre el cual gire una eventual reforma constitucional”.
Si a comienzos de los 90, el desafío estaba puesto en refundar la democracia, hoy a casi 30 años de aquel momento, y ante un estado de cosas generalizado de defraudación del ciudadano con la política y la democracia, el desafío está puesto en construir seriamente una institucionalidad sólida que permita hacer funcionar el Estado, como órgano garante de derechos efectivos para todos los ciudadanos y no solo para quienes acreditan una afiliación partidaria o tienen contactos con quienes detentan el poder, opina.