Editorial

Es alarmante la inacción ante los desalojos de los indígenas

Suman y siguen los casos de desalojos de comunidades indígenas de sus tierras ancestrales en conflicto, con repercusión internacional, ante la alarmante inacción de las autoridades y, principalmente, de los organismos encargados de velar por los derechos de los pueblos originarios. El miércoles, la organización Survival Internacional denunció que “al menos siete comunidades indígenas fueron expulsadas violentamente de sus tierras en los últimos tres meses en Paraguay, ocupadas ahora por sojeros brasileños” y exigió al Gobierno una urgente intervención. Llama la atención que prácticamente ningún sector estatal esté haciendo nada ante esta nueva oleada represiva contra los más pobres entre los pobres, con varios episodios en los que se recurre a la violencia. Es necesario frenar estas acciones y buscar soluciones urgentes, brindando amparo a quienes más sufren.

Un reporte de la organización Survival Internacional, con sedes en Berlín, Londres, Madrid, Milán, París y San Francisco, instaló este miércoles un llamado de alerta que tuvo repercusión en varias partes del mundo.

“Al menos siete comunidades indígenas fueron expulsadas violentamente de sus tierras en los últimos tres meses en Paraguay, ocupadas ahora por sojeros brasileños”, destacó la denuncia, que desde las redes sociales exigió al Gobierno paraguayo, al presidente Mario Abdo Benítez; al ministro del Interior Arnaldo Giuzzio, y al titular del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Édgar Olmedo, que “paren las expulsiones”.

Pero mientras el tema se vuelve motivo de escándalo a nivel internacional, en el Paraguay casi nadie está haciendo nada ante los lamentables episodios de ataques contra las comunidades.

Los casos más conocidos hasta ahora son siete y vale la pena evidenciarlos:

El 13 de mayo, un contingente policial procedió a desalojar con violencia a los miembros de la comunidad Cerrito, del pueblo Avá Guaraní, en Minga Porã, Alto Paraná. Los nativos sostienen que 1.750 hectáreas pertenecen a sus tierras ancestrales, pero productores sojeros reclaman también la propiedad.

El 1 de junio se procedió a desalojar a la comunidad indígena Yvy Porã, de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro. Las familias denunciaron que la Policía se apropió de sus pertenencias. Tuvieron que ubicarse a un costado de la ruta, bajo precarias chozas.

El 9 de junio, el desalojo alcanzó a la comunidad indígena Acaraymí, del pueblo Avá Guaraní, en el distrito de Hernandarias, Alto Paraná. Allí, unas 150 familias reclaman desde hace años estas tierras ancestrales. El último incidente dejó a varios nativos con golpes y heridas.

El 16 de junio fueron expulsados con violencia los miembros de la comunidad Ka’a Poty 1, del Pueblo Avá Guaraní, en Itakyry, Alto Paraná. Acusan que los policías destruyeron el templo y una escuela indígena, reconocida por el Ministerio de Educación y Ciencias, además de las viviendas.

El 7 de julio, la expulsión tocó a la comunidad Cristo Rey, del pueblo Avá Guaraní, de Ybyrarobaná, Canindeyú. Allí reclaman que unas 800 hectáreas son parte de sus tierras ancestrales. Unas 100 familias permanecen acampadas al costado de una carretera.

El 8 de julio fue el turno de la comunidad Ka’avusu, del pueblo Avá Guaraní, en el distrito de Itakyry, Alto Paraná, donde 60 familias reclaman tierras ancestrales en Zanja Pypuku.

El 12 de julio, el desalojo alcanzó a la comunidad Yvypyte, del pueblo Paî Tavyterã, Amambay, en una región considerada también como territorio ancestral.

Llama la atención que prácticamente ningún sector estatal está haciendo nada ante esta nueva oleada represiva contra los más pobres entre los pobres, con varios episodios en los que se recurre a la violencia.

Hoy más que nunca se hace necesario poner urgente un freno a estas acciones, y buscar soluciones urgentes, brindando amparo a quienes más sufren.

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