Los fiscales asignados a la causa son los mismos que hoy investigan el caso de los chats: Francisco Cabrera, Luis Piñánez y Verónica Valdez, de la Unidad de Anticorrupción.
La denuncia había sido presentada por el abogado Guillermo Duarte Cacavelos el pasado 17 de febrero, días después de que el magistrado haya remitido al Ministerio Público indicios de hechos punibles encontrados en la extracción de datos del celular del fallecido diputado Eulalio Lalo Gomes.
En la lista de los denunciados aparecía Arévalo, cuando era miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), desde donde habría traficado influencias para salvar a jueces enjuiciados.
Junto con el legislador, también fueron denunciadas las fiscalas Stella Mary Cano y Katia Uemura, así como la hoy ex jueza Sadi López.
CÓMO INICIA. En diciembre del 2024, llegaron al Juzgado los resultados de la extracción de datos del celular de Lalo Gomes, así como la pericia de los demás dispositivos incautados en el causa por lavado de dinero, vinculados al esquema del narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão.
Esto llegó en un sobre cerrado, que se debía hacer público a las partes antes de abrir. Sin embargo, el juez ya tuvo conocimiento de lo que había dentro y el 3 de febrero remitió al Ministerio Público los indicios de hechos punibles.
Recién el 6 de febrero se abrió el sobre frente a las partes, pero estos pudieron acceder a la extracción de datos el 18 de febrero, cuando se los entregaron.
El fiscal general había roto el silencio días pasados cuestionando la actuación del juez Osmar Legal.
“La cadena de custodia perdió el Ministerio Público desde el mismo día en que se entregó al Poder Judicial. El único órgano que debe direccionar las investigaciones y la preparación del caso es la Fiscalía”, alegó.
Dijo además que el fiscal Osmar Segovia había pedido autorización judicial para extraer los datos de los dispositivos, pero que el juez ordenó la prueba como anticipo jurisdiccional de prueba, por lo que consideró que Legal “se inmiscuyó en la investigación”.
NO OBRÓ MAL. Los fiscales Cabrera, Piñánez y Valdez, sin embargo, hablaron en rueda de prensa que era prematuro hablar de que se rompió la cadena de custodia.
El fiscal Piñánez dijo que –a su criterio– el juez obró bien, ya que tenía la obligación de comunicar la presunta comisión de hecho punible.
