Se trata de 25 familias de las comunidades San Juan del Yhovy, Nueva Esperanza, Ka’aguy Pa’u, Tekoha Porã, Joyvy Santa Librada, Mondaymi y Tekomiri.
Antes de recibir las semillas los agricultores firman un contrato que fija los precios de la cosecha y asegura la venta total de la producción.
El operativo se replica en organizaciones de agricultura familiar campesina de varias partes del país con el acompañamiento del Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Secretaría Nacional Antidrogas, que verifica la ausencia de propiedades sicoactivas en los cultivos.