Señala el más reciente reporte de Ministerio de Salud que los casos de dengue en el país evidencian un sostenido incremento; en las últimas tres semanas se reportaron 3.780 casos, el 79% de los afectados proviene de Central, Asunción, Itapúa, Cordillera y Guairá. Se informa que el mayor porcentaje de hospitalizados se concentra en la franja pediátrica y desde el inicio del periodo epidémico se registraron 25 defunciones por dengue, 8 de ellos niños.
El Ministerio insta a consultar a tiempo, a prestar atención a los signos de alarma y urge a eliminar los criaderos. Lamentablemente, este es el mismo discurso que se escucha siempre, en un país en el que el dengue es endémico.
Esta enfermedad es transmitida por un mosquito, el Aedes aegypti, no existe un tratamiento, salvo aliviar los síntomas y prevenir. Es ahí precisamente donde se nota la deficiencia. La prevención se logra eliminando los criaderos de mosquitos y esa es una lección que no hemos aprendido, y en donde todas las instituciones del Gobierno central como las locales, particularmente, los Municipios no están haciendo su trabajo. Cada vez que se aproxima la crisis, con el grave problema ya dentro de la casa, improvisan campañas de “concientización” y declaran estados de emergencia que de nada servirán.
Mientras las autoridades improvisan la gente padece por la falta de camas en los hospitales porque básicamente los intendentes son incapaces de mantener limpias las ciudades de baldíos, malezas y vertederos de basuras; no realizan campañas educativas o promueven el trabajo mancomunado con comisiones vecinales para fomentar el compromiso de la población en el cuidado del ambiente y enseñar la prevención de enfermedades.
La situación del dengue se repite también en otros ámbitos, cada inicio del año, también descubrimos las escuelitas públicas que se caen a pedazos, que no cuentan la infraestructura adecuada para que los niños aprendan en un ambiente cómodo y seguro.
Todos estos temas que parecieran inconexos confluyen; sin embargo, en un punto en común: El gasto público.
Por un lado, tenemos autoridades del Estado que tienen la obligación de plantear las políticas públicas que permitan a mediano y largo plazo ir superando los acuciantes problemas para que la población pueda tener calidad de vida. Estas autoridades ejecutivas y parlamentarias, no solamente no cumplen con su deber, sino que además utilizan mal los recursos de los que dispone el Estado.
En una misma realidad conviven los parientes de los parlamentarios que, sin estudios y sin concurso, acceden a puestos con millonarios salarios; justo al lado de maestros, médicos y enfermeras, quienes ganando salarios vergonzosamente bajos deben enfrentar las precariedades de escuelas sin infraestructura y epidemias.
Esta desigualdad alcanzó su plenitud con un pedido que hizo un diputado colorado, con un proyecto de declaración que insta al director de Itaipú a comprar sillas y pupitres para su donación al Ministerio de Educación. Según este documento, hay un déficit de 400.000 sillas para los colegios y 100.000 pupitres para las escuelas del sector público.
Irónicamente, este parlamentario señalaba que es imperiosa la necesidad de dotarles a nuestros niños y niñas de estos mobiliarios antes del inicio del año lectivo 2024, cuando que en el Congreso Nacional, se deshicieron de sus sillones para renovarlos unos nuevos que cuestan casi G. 6 millones cada uno, y según los criterios de adquisición, tendrían hasta letras de oro.
Queda claro que, sin tanto despilfarro irracional, habría recursos para la salud y la educación.
