EFE
El MNP presentó este martes en el Congreso su informe anual correspondiente al año 2016, en el que enfatizó que la tortura y los malos tratos a personas privadas de libertad o residentes en instituciones estatales están “naturalizadas” y no son “cosa del pasado”, según declaró el comisionado del ente, Roque Orrego.
En relación con los adolescentes privados de libertad, el MNP constató la aplicación de castigos físicos en varios centros educativos, así como el encierro de algunos menores de edad en celdas de aislamiento, una práctica prohibida por los estándares internacionales de derechos humanos.
En el caso de las mujeres, el ente estatal recabó testimonios de violencia física y amenazas de violencia sexual hacia ellas por parte de policías, agentes antinarcóticos o personal de la Fiscalía durante la detención y los interrogatorios.
La violencia se extiende también a personas internas en el hospital psiquiátrico de Asunción, donde se evidenció la aplicación de terapias electroconvulsivas a los pacientes sin su consentimiento informado, el encierro en salas de aislamiento o la práctica creciente de “encerrar por orden judicial a personas con discapacidad”, según el informe.
Otro caso que cita el documento es el del Centro Transformando Vidas de Capiatá, próximo a Asunción, una institución para el tratamiento de adicciones en la que algunas personas eran internadas “de forma compulsiva o involuntaria”, y donde el MNP comprobó además “severas violaciones a los derechos” de las personas internas.
Como dato positivo, el MNP constató una reducción de la cifra de niños, niñas y adolescentes internos en instituciones como el hogar Luz y Vida de Itapúa (sur), donde en tres años la población se redujo un 21 %, aunque comprobó que el abrigo de menores en estos espacios se sigue aplicando como una respuesta definitiva y no como una medida temporal.
El MNP llamó la atención además sobre la criminalización de las protestas sociales a lo largo del año 2016, en especial las relacionadas con la ocupación de tierras, y pidió a las autoridades el respeto al derecho a la protesta para evitar enfrentamientos en los que “históricamente han estado presentes la tortura y otros malos tratos”.
El informe revela además que el 75 % de las personas internas en prisiones en Paraguay no ha recibido ninguna condena, y se encuentran encerradas bajo la figura de la prisión preventiva.
En 2016, la población penitenciaria de Paraguay creció un 8 %, cifra inferior a la tasa del año anterior, cuando aumentó un 13 %.
En 2016 ingresaron al sistema penitenciario 938 personas que no disponían de un solo lugar en las penitenciarías, el 97 % de las cuales se encuentran en un estado de sobrepoblación crítica, con prisiones en las que el número de internos duplica o triplica su capacidad.
Entre 2010 y 2016 se duplicó la población penitenciaria de Paraguay, pasando de 6.153 reclusos en enero de 2010, a 13.181 en diciembre de 2016.
